Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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La misión de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero se vislumbra en ser un organismo público autónomo dedicado a promover, divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el estado de Guerrero, pero no se logrará si primero no se solucionan las demandas laborales de su personal a un salario justo.
Se refleja una mala imagen pública, contraria al avance progresivo que deben tener los derechos humanos, denota que la estructura de mandos jerárquicos de ese Organismo camina por un sendero opuesto al que transita el personal que realiza las actividades sustantivas, en detrimento del cumplimiento de la gran responsabilidad pública que se tiene en la defensa de los derechos humanos del pueblo de Guerrero.
Esta situación es del conocimiento público y genera desconfianza de la ciudadanía hacía la institución; si ya de por sí ha sido cuestionada por la sociedad de estar alejada de las víctimas, colectivos y organizaciones civiles, a quienes se debe un organismo de tal envergadura.
Es necesario el fortalecer el acercamiento y escuchar las necesidades de las y los trabajadores, solo hay que poner en práctica lo que pregonan sobre la defensa de los derechos humanos: el tener empatía, en este caso, por sus justos reclamos de mejoras laborales; para ello, basta ponerse en los zapatos de las y los trabajadores. ¿Qué haría un jefe si de la noche a la mañana le redujeran su antigüedad -de treinta a tres años-, o no le dispersaran el incremento acordado a su salario?
Con esa problemática que afecta su salario digno, ¿cómo se le va a pedir al personal que ahí labora sensibilidad ante una víctima, entusiasmo y dedicación, que hagan suya la misión de la institución…así, cómo?
La defensa de los derechos humanos no sólo debe ser discurso, sino que deben tener plena vigencia; se deben retomar sus exigencias de justicia laboral ante las diversas instancias de gobierno, incluso ante el propio Congreso del estado, para que al momento de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, lo hagan con una perspectiva de derechos humanos, y que el que se asigne permita cubrir las remuneraciones dignas de las y los trabajadores.
De acuerdo con datos del propio organismo, en el último ejercicio anual, cuenta con un presupuesto de $82,340,404.62, y una plantilla de 182 trabajadores, 115 mujeres y 67 hombres; y, el mayor gasto se destina al pago de sus salarios: 51% en remuneraciones, 36% a prestaciones laborales, 8% a gastos de operatividad y el resto, 5% a seguridad social.
Pudiera considerarse un presupuesto suficiente, si se privilegia el establecimiento de un sistema de control interno en materia de programación, presupuestación, administración de recursos financieros y se cumplan los criterios de un gasto eficiente y austero; pero, cómo avanzar, si el propio personal ha denunciado que en la Dirección Administrativa se ha designado como responsable a una persona que no reúnen el perfil, al ser “ingeniero agrónomo” y no tener la profesión de licenciada en contaduría o en una carrera afín, como lo contempla el artículo 68 de su Reglamento.
A lo que se le suma que el Consejo Consultivo de la Comisión, que es el responsable de aprobar la política interna, ya culminó su mandato de cuatro años y siguen realizando actos fuera de la legalidad.
Ni si quisiera pensar que haya propósitos funestos y en aras de criterios de austeridad se afecte a la clase trabajadora, se reduzca la plantilla del personal y así se eluda cumplir con las obligaciones laborales.
No se debe ser candil de la calle y oscuridad de la casa; el reto está ahí en el seno de la institución, en adquirir y fortalecer esa autoridad moral, en atender, entender y procurar la solución inmediata de las peticiones justas de su personal.
Con ello sin duda, avanzará en la confianza en la sociedad por su contribución en la solución de las justas demandas y se garanticen los derechos laborales, sin incurrir en amenazas o represalias por haber alzado la voz; por el bien de ellos y del pueblo de Guerrero, pues el Organismo tiene un gran compromiso de dar respuesta a la demanda generalizada por el respeto y defensa de los derechos humanos de grupos sociales e individuos.
Ya ni siquiera me referiré a los nugatorios derechos sociales a la vivienda o a la jubilación, que para el personal del Organismo estatal son puras quimeras.