Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó 100 muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes entre el 2004 y octubre de 2021, en 12 municipios de la región, incluidos dos que cuentan con Alerta de Violencia de Género.
A través de un comunicado, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres –que se conmemora el 25 de noviembre–, Tlachinollan informó que las muertes se registraron en Tlapa, Ayutla de los Libres, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatlahuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá.
Detalló que a las 100 muertes violentas se suman 26 casos de feminicidio registrados entre septiembre de 2020 y octubre del 2021 en Ayutla de los Libres, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Tlapa.
Resaltó que solo en el 20% de los casos de feminicidio se ha procesado a los responsables y son muy contados los casos donde se han obtenido sentencias condenatorias.
“En su mayoría son deficientes los procesos penales, a causa de la indolencia y complicidad del órgano investigador que deja la puerta abierta para que los responsables puedan obtener su libertad”.
De acuerdo con Tlachinollan, las mujeres en la Montaña también son víctimas de desaparición forzada y otros tipos de violencia, como la sexual y la doméstica, pero “las investigaciones no prosperan, ni se implementan las búsquedas con el pretexto de la pandemia”.
Las víctimas reciben un trato déspota, “con mucho desprecio, sin tomar en cuenta el contexto de violencia que enfrentan ni el temor que las inmoviliza y silencia”.
Otros agravios son la filtración de información de los casos a los medios locales, no realizan las inspecciones de manera correcta, ni se aseguran escenas del crimen. Tampoco se analizan los teléfonos de las víctimas para verificar algún dato que dé con los responsables y no hay peritos que sirvan como traductores para apoyar a las mujeres indígenas.
Tlachinollan señaló que estas “son fallas estructurales que benefician a los perpetradores y reproducen el ciclo perverso de la violencia”.
Ejemplificó el caso de una menor originaria de Tlaquilzingo, municipio de Tlapa, quien fue víctima de violación sexual y las autoridades comunitarias detuvieron en flagrancia al agresor. Sin embargo, “el acusado interpuso una denuncia por privación ilegal de la libertad, que se ha revertido contra las autoridades de la comunidad y la madre de la menor, que enfrentan un proceso judicial”.
Mientras que Angélica, una joven indígena de la comunidad Yucunduta, municipio de Metlatónoc, fue víctima de violencia doméstica por parte del esposo. Su denuncia “le trajo consecuencias porque los suegros la acusaron de robo y otros delitos. En lugar de que las investigaciones favorezcan a Angélica, está a punto de ser judicializada la carpeta de investigación por el delito de robo”.
En ese sentido, Tlachinollan informó que del 2020 a la fecha se han registrado 6 casos donde las mujeres que son víctimas de violencia se encuentran procesadas y criminalizadas por sus mismos agresores.
Consideró que las Alertas de Violencia de Género en Guerrero “han sido letra muerta para las autoridades del estado”, pues de la primera por violencia feminicida solo se han dictaminado 10 de las 21 que se acordaron. En cuanto a la segunda, “los tres poderes del estado de Guerrero, han incumplido con las medidas dictaminadas, de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio”.
Ante las circunstancias, Tlachinollan exigió que se detenga y castigue a los perpetradores de mujeres indígenas; que se realicen investigaciones diligentes, exhaustivas y prontas para castigar a los responsables de la violencia contra las mujeres, y se implementen políticas integrales de prevención de la violencia feminicida, para su erradicación.