Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Chilpancingo, Gro.
Este pasado lunes, en el recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra y la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, suscribieron un convenio de colaboración en materia de derechos humanos.
Con ello se tiene como objetivo principal el fomentar la educación, capacitación y formación en materia de derechos humanos y que éstos sean una realidad en nuestro estado; -un reto de colosales dimensiones-, para lo cual se emprenderán acciones conjuntas, con prioridad para garantizar los derechos de las menores, de las personas desplazadas, luchar contra el flagelo de la violencia feminicida y contra todas las violencias que generó el anterior modelo económico.
Sobre todo, se reconoció que se tiene una enorme deuda histórica que está pendiente de saldarse y resarcirse, ante las trascendentes violaciones de lesa humanidad que se han suscitado en Guerrero, desde la llamada “Guerra Sucia” hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se ha tenido la mala práctica en el gobierno de suscribir convenios, los firman, se toman la foto, difunden el acto de manera mediática y no se les da ningún seguimiento, es decir, no se cumplen en la realidad; por ello, es de reconocer que una característica importante de la firma del convenio que se comenta, es que la presidenta de la CNDH señaló que “no vamos a permitir que se quede en el papel, sino que vamos a hacer que sea el inicio de muchas acciones, de políticas públicas concretas, que se vean reflejadas en un cambio real de las condiciones de las y los guerrerenses”.
A esta postura se sumó la mandataria guerrerense, instruyendo que se revisen las Recomendaciones pendientes de cumplimiento y para que se atiendan y resuelvan las numerosas quejas; desde luego que son atinadas ambas posturas y esperemos que ese convenio marco, de pauta a otros de contenido específico.
El objetivo del convenio es la suma de voluntades bilaterales para establecer mecanismos de cooperación entre la CNDH y el Gobierno del estado para llevar a cabo diversas actividades de vinculación en un trabajo conjunto, con el fin de establecer las bases y mecanismos de colaboración y apoyo entre las partes para implementar y poder desarrollar actividades de difusión, promoción, capacitación, formación y divulgación de los derechos humanos.
Lo anterior puede cristalizarse en implementar cursos, talleres, conferencias, cursos en línea, incluso hasta llevar a cabo diplomados, a través de los cuales se propicia una profundización de los conocimientos y busca acercar herramientas teórico prácticas en materia de derechos humanos a las personas participantes, para lo cual requiere de procesos de validación y reconocimiento por una institución académica.
Debemos de partir de la premisa de que los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos son los servidores públicos; luego entonces, resultan ser los destinatarios directos para la promoción de una cultura de formación permanente al interior de las dependencias públicas, que promueva en ellos actitudes, conocimientos y habilidades en el respeto y el ejercicio de los derechos; impulsar y fortalecer en ellos la conciencia sobre el contenido ético de los derechos humanos, además del jurídico, como elementos básicos para el cambio de mentalidades, de conductas y modos de actuar, para transformar las concepciones burocráticas y eliminar viejas prácticas.
Así por ejemplo, es relevante la capacitación a los servidores públicos responsables de brindar seguridad pública y de procurar justicia, con un enfoque de derechos humanos, pues la mayoría de las quejas ciudadanas tienen que ver con violaciones a los derechos humanos relacionadas con el sistema de justicia penal (integridad, legalidad, libertad, seguridad personal, acceso a la justicia y al debido proceso); en segundo lugar con el tema de democracia y seguridad jurídica (igualdad, no discriminación, acceso a la información, libertad de expresión).
Incluso puedo sugerir que toda aquella persona que aspire a un cargo público, así como se le pide entre los requisitos la carta de no antecedentes penales, también se le debería requerir la acreditación de un curso propedéutico en derechos humanos; sin duda que sería una inducción a la cultura del respeto entre unos y otros, máxime cuando se pretende ser servidor público.