Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció que los tres poderes de Guerrero incumplieron con las medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por Agravio comparado que se dictó el 5 de junio del 2020.
En un comunicado, el OCNF (que lo integran 43 organizaciones civiles de 23 estados del país) puntualizó que en los 18 meses impuestos por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad no implementaron las acciones dictadas.
Una de las medidas es la reforma del artículo 159 del Código Penal del Estado, a fin de eliminar un requisito (haber denunciado el delito ante el Ministerio Público) para que las mujeres víctimas de una violación puedan acceder a un aborto en caso de quedar embarazadas de su agresor.
Fueron 13 las medidas dictadas, 9 de prevención, 3 de seguridad y 1 de justicia, que, de acuerdo con el OCNF, “pudieron cumplirse en menos tiempo del establecido por la SEGOB, si las autoridades hubieran tenido el compromiso y la responsabilidad de garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses”.
El OCNF resaltó que Guerrero cuenta con dos sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado Mexicano, por su responsabilidad en la violación sexual cometida en contra de las mujeres Me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en el año 2002; como parte de la resolución se debió continuar con un proceso de estandarización de un protocolo para la atención e investigación de violaciones sexuales “considerando, en lo pertinente los parámetros establecidos en Estambul y en las directrices de la Organización Mundial de la Salud”.
«Pese a ello, lastimosamente, Guerrero es el primer estado a nivel nacional que no entrega evidencia alguna sobre el cumplimiento de la AVGM por Agravio Comparado, sumado a lo anterior hubo cambio de gobierno a nivel estatal, así como del Congreso, evidenciando su nulo compromiso con la vida de las mujeres guerrerenses, anteponiendo incluso prejuicios religiosos por encima de los derechos humanos”.
Señaló que el mecanismo de la AVGM no establece sanciones a las autoridades por el incumplimiento de las medidas decretadas, lo cuál consideró que agrava la situación de la salud reproductiva y sexual de las mujeres en Guerrero, “dejándolas en la indefensión”.
Ante las circunstancias, el OCNF llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que su gobierno “sea el impulsor del cumplimiento cabal de las 13 medidas dictadas por la SEGOB en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses”, y que informe cómo dará cumplimiento a las mismas.
En tanto que a la LXIII Legislatura pidió reformar el artículo 159 de Código Penal, “en el apartado sobre aborto, acorde a la resolución emitida por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República, que señala que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y persona gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
A la Fiscalía y al Poder Judicial, pidió la implementación de acciones para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual, así como la atención adecuada para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a quienes han sido víctimas de dicho delito; la revisión de los casos judiciales de mujeres privadas de la libertad imputadas por el delito de aborto y homicidio en razón de parentesco en todos los distritos de Guerrero, garantizando mediante procesos o recursos legales pertinentes su declaración de inocencia, excarcelación y la reparación del daño.