Bernardo Torres Morales/Alcozacán, Guerrero
Colaboración especial
Un total de 44 personas muertas y 15 desaparecidas han dejado los ataques perpetrados por el grupo delincuencial «Los Ardillos» contra quienes habitan el territorio de influencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en el periodo del 2019 a la fecha, denunciaron comisarios ante la Fiscal del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió este martes a la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa de Álvarez, por segunda ocasión para informar sobre los avances en la búsqueda de dos miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) desaparecidos desde el 25 de enero de este año.
Los habitantes relataron nuevamente ante la autoridad ministerial la ola de muerte, desapariciones y pueblos enteros desplazados por el hostigamiento de dicho grupo criminal contra las comunidades indígenas de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Jesús Plácido Galindo, representante del CIPOG-EZ, recriminó que a pesar de que es un nuevo gobierno que ostenta una «Cuarta Transformación», no ha ejercido acciones claras para frenar la violencia «por miedo o complicidad» con los grupos delincuenciales.
La agresión más reciente fue la ocurrida el pasado 25 de enero alrededor de las 17:00 horas sobre la carretera Chilapa-Atlixtac, en el que dos miembros de esta organización, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez fueron desaparecidos.
De acuerdo con Jesús Plácido, en la última comunicación que sostuvo con los ahora desaparecidos es que estaban detenidos por elementos de la Policía Municipal de Atlixtac, y que esperaban la llegada de un comandante para dialogar.
Después de esto, intentaron en varias ocasiones comunicarse con sus compañeros, pero sus teléfonos mandaban a buzón, por lo que establecieron comunicación con el Ayuntamiento donde confirmaron la detención.
Alrededor de las 11:00 de la noche nuevamente se comunicaron al Ayuntamiento, pero esta vez les dijeron que no sabían nada, que ahí nunca estuvieron detenidos y perdieron todo contacto con ellos.
Ante esto, los comisarios de varias comunidades y coordinadores de la CRAC y el CIPOG-EZ pidieron a la Fiscal General que se cite a declarar a los policías de ese municipio, al presidente municipal, Leonardo Muñoz Tapia, así como al secretario de Seguridad Pública, Guillermo Tapia Esteban.
Reprocharon que en ocho años de presencia, primero de la CRAC y luego el CIPOG-EZ, ninguno de los casos que se han denunciado ante la FGE han sido esclarecidos, y se temen que sigan ocurriendo asesinatos y desapariciones.
Denunciaron que los grupos de la delincuencia organizada “operan con total impunidad en varias regiones del Estado”, como ocurrió en el ataque en Buenavista de la Salud, donde fue acribillado el comandante de la Policía Comunitaria, Mario Zamora, ante la omisión del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
A la Fiscal, dieron un voto de confianza por llevar apenas un mes y mostrar disposición de dialogar y acercarse a los pueblos, pero pidieron que haga su mayor esfuerzo por frenar las agresiones, desapariciones y asesinatos.
Sandra Luz Valdovinos ofreció a las comunidades gestionar médicos militares que los atiendan en tanto se restablece la seguridad y puedan llegar doctores, así como maestros y programas sociales.
La titular de la FGE dialogó con los familiares de los desaparecidos, escuchó sus demandas y las canalizó ante las instancias estatales y federales, a la vez que se comprometió a enviar un módulo móvil del Ministerio Público para que hagan sus denuncias y ratifiquen las que ya constan en carpetas de investigación.
Un familiar de Samuel Hernández increpó a la funcionaria, le exigió una sola cosa, “que busque a los dos desaparecidos, que los traiga a casa vivos o muertos”.
A sus captores pidió que frenen las agresiones contra las comunidades que no se dedican más que a la siembra de hortalizas, huertos y la elaboración de artesanías sin hacer daño a nadie.
Benjamín Hernández Sánchez, coordinador de la CRAC, dijo que los programas sociales y las medicinas pueden esperar, que la prioridad es que se busque y encuentren a sus dos desaparecidos y se castigue a los responsables.
Así mismo, se deslindó de cualquier relación con el grupo criminal «Los Rojos», como se les acusó en un video difundido en redes sociales la semana pasada, utilizando a sus propios compañeros desaparecidos, quienes, aseguró, declararon bajo tortura y amenazas.
Los acercamientos con la FGE continuarán en los próximos días para solicitar una copia del expediente, ratificar denuncias y dar seguimiento a los trámites para acceder a los fondos para la reparación del daño a las víctimas.