Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa denunció que el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, exigió a sus integrantes revelar sus identidades y domicilios para validar sus testimonios acerca de los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
Ayer, integrantes del Colectivo visitaron a Enrique Beltrán, acompañados por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “con la finalidad de testificar y ratificar nuestras declaraciones” que fueron presentadas ante la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Sin embargo, Enrique Beltrán “en conjunto con la parte acusada, amedrentó, señaló y exigió” a los sobrevivientes de los ataques que presenten sus identificaciones oficiales (credenciales del Instituto Nacional Electoral), mostrar sus rostros y voz no distorsionada, para tomar en cuenta sus declaraciones.
En un comunicado, el Colectivo señaló que el hecho “no abona en el acceso a la justicia, sino todo lo contrario”, debido a que las pruebas exigidas por Enrique Beltrán debían ser presentadas ante Ministerios Públicos y abogados defensores de los imputados en el caso; es decir, “actores materiales e intelectuales de la desaparición de nuestros 43 compañeros y de los hechos ocurridos en Iguala”.
“Lo anterior violando los convenios internacionales de derechos humanos y los mecanismos de protección a víctimas, ratificados por el Estado Mexicano, como el de identidad reservada que guardan todas las víctimas declarantes de este hecho y cualquier hecho similar, incluso en secuestros, que no es delito menor, pero es un paso para llegar a la desaparición forzada, y principalmente exponiéndonos a represalias futuras por los implicados”.
“Esto nos demuestra la poca sensibilidad que tienen los sistemas judiciales en México con la protección a víctimas, pues el procesado cuenta con debido proceso, pero no la víctima, pues el que se presente ante el Juez a exigir justicia crea duda, que debe ser sometida al escrutinio no solo del Juez, sino de los defensores, debiendo de acreditar no sólo identidad, sino domicilio”.
Señalaron que “ya es bastante el comparecer ante un Juez a ser cuestionados si somos o no sobrevivientes, sino ahora develar nuestro domicilio para que cualquier persona sepa dónde buscarnos para ser sujetos de represalias”.
Finalmente, exigieron al Estado Mexicano “prestar las medidas necesarias para la protección a víctimas en el Caso Ayotzinapa, asimismo la intervención de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos para vigilar las acciones sobre las víctimas”.