Ángel Galeana/Chilpancingo
La fracción parlamentaria de Morena votó en contra un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Junta de Coordinación Política convocara de manera inmediata al Poder Ejecutivo y establecieran de manera conjunta una mesa técnica interinstitucional para realizar las etapas de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya fecha fatal es el 13 de abril.
Los diputados del PRI, PRD, Partido Verde y PAN propusieron el punto de acuerdo al considerar que es «necesario e indispensable» que el Congreso emita «de manera urgente e inmediata» los mecanismos y acciones que permitan desarrollar las etapas de la consulta.
La consulta deberá contar con los parámetros de fase preconsultiva, fase informativa, fase de deliberación interna, fase de diálogo, y fase de decisión.
«Debemos tomar en cuenta que la ejecución de las etapas de la consulta debe considerarse de manera permanente desde el inicio de los trabajos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, por consiguiente, es importante que se establezcan las comunicaciones con sus autoridades», dijo la diputada
Patricia Doroteo Calderón al presentar al exponer el punto de acuerdo.
La diputada priista Alicia Zamora pidió que la votación para el punto de acuerdo fuera de manera nominal, es decir, que cada diputado expusiera el sentido de su voto «con la finalidad de deslindar responsabilidades y dejar constancia en el diario de los debates sobre el sentido del voto de la legislatura», debido a que el contenido de la propuesta se deriva de un ordenamiento jurídico.
Después de un receso de aproximadamente una hora, la Mesa Directiva aprobó que la votación se realizara por cédula, la cual quedó 23 a favor de los diputados del PRI, PRD, PAN y Partido Verde y 20 contra de todos los de Morena, excepto de Carlos Cruz quien votó a favor, y de la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández.
El punto de acuerdo requería 24 votos para ser aprobado de urgente y obvia resolución, por lo que al no lograrlos fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su dictaminación.
Diputados consultados al respecto fuera de grabación, señalaron que uno de los motivos por el que pidieron la votación nominal es para que exista constancia de cómo se realizaron las votaciones para el desarrollo de la consulta, toda vez que existe el riesgo de que la legislatura sea inhabilitada en caso de que no se cumpla con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la aplicación de la consulta.
La ley reglamentaria del artículo 105 constitucional establece en el capítulo de ejecución de sentencias que de no cumplirse un mandato en el plazo fijado «el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos»
Dicho párrafo establece se procederá a lo estipulado en los primeros dos párrafos de la fracción 16 del artículo 107 que establece lo siguiente:
«Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito.
Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria».
Fuentes consultadas informaron que el Congreso ya solicitó una prórroga para el cumplimiento de la sentencia a principios de febrero, a la cual adjuntó el «Protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe, el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar leyes que impacten en la esfera de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos», pero la SCJN se las negó.
Y es que la sentencia de la Suprema Corte en la que ordena la realización de la consulta se publicó en 14 de abril de 2021, y a partir de esa fecha se dio un plazo al Congreso para que la realizara, por lo que el plazo faltal es el 13 de abril.