Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa preferente enviada por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para que los Ayuntamientos puedan pedir préstamos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
En segunda sesión realizada este miércoles, el presidente de la Comisión de Hacienda, Bernardo Ortega Jiménez, expuso el dictamen de decreto por el que «se autoriza a los 81 municipios de Guerrero para que gestionen, contraten con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos hasta por el monto, para el destino, plazos, términos, condiciones y características que en este se establecen, para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten un procentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que indivudalmente le corresponde del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del DF».
La Comisión incluyó en el dictamen instruir a la Auditoría Superior del Estado a que en la revisión de informes semestrales y cuenta publica anual de la hacienda de muncipios, informe al Congreso el estado que guarda los préstamos contratados para dar certeza y transparencia de los recursos.
En el decreto se condicionó el límite de endeudamiento cuando los muncipios ya tengan créditos contratados con la banca comercial o de desarrollo.
Los diputados también aprobaron reformas a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado en materia de justicia laboral para asignar a los órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los estados, las atribuciones de conocer y resolver los conflictos entre patrones y trabajadores.
Con las reformas se homologa el marco de Guerrero a la reforma constitucional en materia laboral publicada el Diario Oficial de la Federación desde 2017.
«El nuevo sistema de justicia laboral implica que antes de demandas se intentarán acuerdos en centros de conciliación laboral, integrados por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos. Si no hay conciliación, las partes podrán acudir a tribunales labores dependientes del PoderJudicial, con juicios orales, ágiles, modernos y expeditos y en presencia de un juez», dijo el diputado Jesús García Parra al exponer el dictamen.