Ángel Galeana/Chilpancingo
La recomendación 15vg/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala buscó “corroborar la hipótesis de destino final de los normalistas en el vertedero de Cocula”, criminalizó y estigmatizó a los estudiantes y víctimas del caso, no concluyó “contundentemente” que la versión de que los restos de los jóvenes habían sido esparcidos en el río San Juan carecía de verdad a pesar de que tenía evidencia de irregularidades, y obvió la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos.
La CNDH publicó esta mañana el informe sobre la recomendación 15vg/2018 en el que señala una serie de irregularidades que cometió el propio organismo en su investigación sobre el caso Iguala, en atención al reclamo de los padres de los 43, quienes manifestaron que se cometieron prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los normalistas desaparecidos, hubo dilatación en la elaboración de la recomendación, la cual tardó 4 años, y que su redacción avaló de facto la formulación de la “verdad histórica” que hizo la entonces Procuraduría General de la República (PGR)
En el informe, que consta de 488 páginas, la CNDH concluyó que uno de los principales reclamos es la falta de diferenciación entre las labores que realizó el organismo y las de la PGR, la cuales “por su origen deben ser de naturaleza diversa entre sí”; sin embargo, establece que la mayor falta es que los normalistas fueron objeto de constante criminalización y estigmatización a partir de la emisión de juicios de valor y conjeturas sin ninguna prueba que validara sus argumentos en la recomendación.
Criticó que el análisis de las pruebas se hizo desde la “visión de persecución criminal realizando afirmaciones diversas con las cuales se busca corroborar la hipótesis de destino final de los normalistas en el Vertedero de Cocula, lo cual en realidad nunca debió haber sido materia de la Comisión, en cambio debió haber sido contundente en cuanto a la participación de las personas servidoras públicas y autoridades de todos los niveles involucradas”.
Según la propia CNDH, en la investigación que realizó el organismo durante la administración de Luis Raúl González Pérez, utilizó el contexto en el que se desarrolló el caso para criminalizar y estigmatizar a los normalistas de Ayotzinapa, en lugar de ser una herramienta relevante para acreditar una violación grave a los derechos humanos.
Para la elaboración de la recomendación, la CNDH explicó que el grueso de la investigación se abocó a la hipótesis de la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula y no consideró todos los elementos contextuales que pudieron influir para que se registra la agresión contra los normalistas “tales como la confrontación entre estos y las autoridades por sus actos de protesta y reclamo social”.
“En la Recomendación 15VG/2018, en múltiples ocasiones, se hace referencia al “Informe Pericial sobre la Incineración en el Vertedero de Cocula”, presuntamente elaborado por la CNDH con la participación de un equipo interdisciplinario; sin embargo, de las evidencias que se tuvieron a la vista no fue posible su identificación para el correspondiente análisis. Por lo que, no se tiene certeza de las actividades desarrolladas para la elaboración de este, y de la redacción de la propia Recomendación se advierte que la investigación realizada por la CNDH fue de carácter documental, y que para sus conclusiones se basó en los dictámenes elaborados por la propia autoridad federal investigadora”, indica el informe.
Además, critica que la CNDH “orientó todas sus capacidades institucionales; técnicas; operativas y presupuestales en realizar una serie de actuaciones de carácter ministerial, compitiendo con la FGR en realizar las investigaciones de carácter penal, incumpliendo su mandato constitucional y de acuerdo con lo establecido tanto en la Ley y Reglamento Interno de la CNDH”.
Sobre las diligencias en el río San Juan, en el que la PGR determinó que fueron esparcidos restos de los normalistas, la CNDH expuso en su recomendación: “sería consecuente con la versión sostenida por la PGR que indica que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron incinerados en el vertedero de Cocula”.
Al respecto, en el informe publicado este miércoles se especifica que “no es labor de la CNDH fungir como oficina subsidiaria de la autoridad ministerial, en este caso PGR, y por lo tanto tampoco es su función corroborar las versiones sostenidas por dicha autoridad”
“Ante la forma en cómo la entonces PGR efectuó las actividades en el río San Juan el 28 y 29 de octubre de 2014; las cuales carecieron de legalidad y debido proceso, es cuestionable sostener la versión de que los restos de los normalistas fueron esparcidos en este lugar; sin embargo, aunque la propia CNDH señala las irregularidades cometidas en el río San Juan, la recomendación no concluye contundentemente que los hechos relacionados con esta versión carecían de veracidad”
La CNDH emitió cuatro capítulos de recomendaciones para fortalecer sus capacidades instituciones que son: Robustecer las acciones que se han realizado para garantizar los derechos de acceso a la justicia, memoria, verdad y reparación de las personas en situación de víctimas; mejorar las directrices de políticas públicas en atención a las personas en situación de víctimas de desaparición forzada; fortalecer los criterios de actuación de las personas visitadoras adjuntas y del personal de servicios periciales en materia de medicina forense, psicología y criminalista, y observar la importancia de continuar determinadas líneas de investigación; seguimiento a las denuncias administrativas y/o penales que se hayan derivado de la presente recomendación.
También considera que una ruta para la reparación integral inicia con la presentación de una disculpa pública hacia las personas en situación de víctimas.