Alberto Gómez/Chilpancingo
El representante del Colectivo de Desaparecidos «Lupita Rodríguez», Carlos David Molina Rodríguez, dijo no estar de acuerdo con la postura de los obispos de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, y el emérito, Salvador Rangel Mendoza, para dialogar con el crimen organizado y, consideró que cada quien haga su trabajo «porque el gobierno está quedando a deber».
En entrevista al término del mitin político para conmemorar los 91 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la glorieta de Las Banderas, en Chilpancingo, Molina Rodríguez consideró que la violencia se ha incrementado considerablemente en los últimos diez días en el estado, principalmente en Iguala y Acapulco.
«Ya es tiempo que comiencen a mostrar resultados, la violencia se ha incrementado, tiene diez días que se ha incrementado mucho la violencia en todo el estado, en Iguala, en Acapulco, entonces si realmente están quedando a deber estas autoridades, tampoco somos de la postura de negociar como lo dicen los obispos».
Por otro lado, el líder del colectivo, anunció la reagrupación de organizaciones sociales y colectivos para impulsar la ley de declaración especial de ausencia, presentada por el diputado Carlos Cruz López en la pasada legislatura del Congreso y que hasta ahora no se le ha dado seguimiento.
Molina Rodríguez, informó que con dicha ley se acortarían los procesos y trámites para acceder a la atención a las víctimas por parte del gobierno.
«Esta ley permite que sea más corto el periodo para un desaparecido, porque primero tiene que hacerse en nuestro estado es la declaración de ausencia, pero después de que pasa un año y tres meses, y después lo que sigue es la presunción de muerte, pero ese es otro periodo y aparte es costoso».
El activista reveló que solo en su agrupación tienen el registro de más de cinco casos de desaparecidos, «apenas hace 15 días había desaparecido una jovencita pero afortunadamente ya la encontraron, se movilizaron muy rápido, hicieron el rastrero de llamadas, es algo que tienen que hacer de forma inmediata, pero aún así el reto es muy grande de pacificar Guerrero».
Sobre la dijo que permitirá a familiares heredar una plaza, como el caso de una de sus compañeras del ayuntamiento de nombre Nora Elsy, que no puede hacer uso de la plaza de su desaparecido esposo por el tipo de leyes que no hay en Guerrero.
Por ello, convocaron a todas las organizaciones sociales que conforman el frente para reagruparse y trabajar en mesas e impulsar dicha iniciativa, misma que fue presentada en el año 2019 y que por temas meramente políticos no logró avanzar.