Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir urgieron al Congreso del Estado a aprobar la despenalización del aborto; también llamaron a la Iglesia a “no oponerse al avance de los derechos humanos, sobre todo a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas”.
A través de un comunicado, el OCNF señaló que el dictamen que aprobaron los integrantes de la Comisión de Justicia, Beatriz Mojica Morga, Bernardo Ortega Jiménez y Estrella de la Paz Bernal, “reivindica el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a una vida libre de violencia, en concordancia con los tratados internacionales que México ha suscrito”.
En ese sentido, afirmó que la reforma de despenalización del aborto “no se puede postergar, porque ello estaría obstaculizando el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, dicho derecho está contemplado en la Constitución y en Leyes generales que cumplen con los estándares internacionales en la materia y es acorde a los estándares de mayor protección a la salud reproductiva en México, como lo establecen las recientes resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Manifestó su respaldo a los legisladores locales que se han pronunciado a favor del avance de la iniciativa en el Congreso, “confiamos que a la brevedad el dictamen sea aprobado y que las mujeres guerrerenses tengan garantizado su derecho a la salud reproductiva, cese la criminalización y cada una pueda decidir libremente sobre su cuerpo”.
Recordó que de acuerdo con diversos estudios sobre la situación de la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes Guerrero ocupa la segunda tasa más alta del país en embarazos de adolescentes de entre 12 y 14 años, “en esta edad la mayoría de la niñas y mujeres son víctimas de violación, lo que vincula a mayor posibilidad de muerte durante la gestación, debido a que aún no han terminado su crecimiento”.
Por otro lado, “existe la falta de acceso a los servicios de aborto legal como es el caso de los procesos de dilación por parte del sector salud ante un embarazo producto de la violación”, lo cual se documentó en el informe de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado.
Enfatizó que “frente a ese contexto, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero tiene la oportunidad histórica de resarcir las violaciones graves a la falta de acceso a los servicios de aborto legal, en el caso específico de violación, cometida en contra de mujeres, niñas y adolescentes”.
En tanto, Católicas por el Derecho a Decidir manifestaron su preocupación “frente a las voces que buscan imponer una mirada religiosa única en el contexto del debate público sobre el aborto en el estado de Guerrero”.
“Ante este asunto de salud pública, justicia social y derechos humanos, es fundamental que cualquier decisión se tome con base en los principios democráticos laicos del Estado (…) Es indispensable que se respete la ética pública laica que permita el cumplimiento de las normas, se vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la ley y se asegure la neutralidad de la función pública”.
Llamaron a la Jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias evangélicas “a no intervenir en los asuntos que competen a las instituciones del Estado (…) Así como a respetar el marco jurídico que garantiza la laicidad del estado y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que delimita claramente los ámbitos de competencia en los asuntos de las políticas públicas”.