Ángel Galeana/Chilpancingo
El Tribunal Electoral del Estado acreditó que la presidenta municipal de Xalpatláhuac, la priista Selene Sotelo Maldonado, cometió actos de violencia política en razón de género en contra de la regidora Carmen Pinzón Villanueva de Morena, por lo que fue sancionada con multa económica y su inscripción en el registro de antecedentes de personas agresoras por violencia política de género.
En sesión virtual realizada este jueves, el Tribunal aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, en que se acreditaron obstrucción de funciones y desempeños al cargo de la regidora desde noviembre del 2021, cometidos por la alcaldesa, además de actos de desprestigio en Facebook, que se configuraron como actos de violencia política de género.
La alcaldesa Selene Sotelo fue sancionada con una multa de 100 Unidades de Medida de Actualización equivalente a 9 mil 622 pesos, se le impusieron medidas de no repetición, se le inscribirá en el registro de antecedentes de personas agresoras por violencia política de género por un periodo de 6 meses, y se dio vista al órgano de control interno del ayuntamiento para que investigue actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, aplique la sanciones correspondientes.
De acuerdo con la cuenta expuesta en la sesión, la regidora Carmen Pinzón denunció a la presidenta por retención parcial de salarios y por no ser citada a las sesiones de cabildo del ayuntamiento por los causes oficiales, debido a que se le convocaba a través de comunicaciones de Whatsapp que “no surtían efectos debido a que no había un acuerdo previo de integrantes de cabildo para recibirlas por ese medio”. En este sentido, se estableció que hay un antecedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se establece que ese tipo de comunicaciones son ilegales debido a que son personales que no se incorporaron debidamente al proceso.
“En cuanto a violencia política de género, está sustentada en los indicios encontrados como son: la retención de salarios, la falta de citarla a reuniones y sesiones de cabildo y, además, porque las pruebas supervinientes desahogadas a la red social Facebook, se advierte una línea de desprestigio de la regidora, máxime que en autos quedó acreditado, con el dicho de la presidenta, que existe un conflicto político entre denunciante y denunciada que tiene efectos e impacto en el ámbito púbico, concretamente en el desarrollo de la regidora quejosa”, indica el proyecto.
La regidora también denunció que en el ayuntamiento establecido en la comunidad de Cacahuatache, a donde se mudó el cabildo por la toma e irrupción de hombres armados autodenominados policías comunitarios, no se le dio un espacio privado y material de oficina y que se falsificó su firma, lo cual no se acreditó por en el proyecto de la magistrada.