Ángel Galeana/Chilpancingo
Con información de Alberto Gómez
Feministas de la capital marcharon en Chilpancingo para exigir a los tres Poderes del Estado que frenen la violencia vicaria en la entidad, acción que no está tipificada como delito, y pidieron que se garantice el acceso a la justicia de Diana Hernández Castro, madre que denunció que su hija le fue robada por el padre hace 5 años, y pese a que hay fallo de juez a su favor, las influencias de la familia paterna han detenido el proceso judicial.
La marcha inició en el monumento a Benito Juárez con dirección al Congreso para exigir que los diputados aprueben la iniciativa para tipificar el delito de violencia vicaria en Guerrero, la cual fue presentada el pasado 17 de agosto por la diputada Gabriela Bernal.
Diana Hernández, originaria de Atoyac, cuyo caso ejemplifica la violencia vicaria, denunció que su hija le fue robada hace 5 años por su ex esposo, Mauro Organista García, quien pretende romper el poco vínculo que aún tiene la menor.
Indicó que el caso ya fue juzgado y el fallo fue a favor de que ella tuviera la custodia de su hija, sin embargo, denunció que la recién nombrada subsecretaria de Asuntos y Jurídicos y Derechos Humanos en el Gobierno del estado, Anacleta López Vega, y la madre de su ex esposo, Ana María García Vega, quien es jubilada del Tribunal Superior de Justicia, han intervenido a través de actos de corrupción entre sus conocidos para que se frene el proceso judicial a través de amparos.
Señaló que su hija, a través del padre, la demandó por violencia digital en base a una denuncia que hizo en redes sociales por expresar lo que sentía. De este caso, indicó que Anacleta López figuraba como abogada del presunto agresor.
En ese sentido, hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado para que revisen los perfiles de quienes ostentan puestos dentro de la administración, y al Poder Judicial del Estado para que no intervengan para favorecer al presunto agresor.
“Le digo a mi hija que lo que estoy haciendo hoy es un acto de amor a ella porque la quiero de vuelta conmigo, es un grito de justicia al Tribunal Superior que se está prestando a esta queja y a esta última demanda, y un grito para que todas las mujeres que somos víctimas de este tipo de violencia denunciemos, pero además es un grito a la Gobernadora, que revise los espacios de la gente que ocupa espacios en su gobierno”, señaló.
Reclamó que la gobernadora Evelyn Salgado se comprometió a que Guerrero sería un santuario para las mujeres, sin embargo, fue nombrada Anacleta López como subsecretaria de Asuntos y Jurídicos y Derechos Humanos, a quien acusa de ser cómplice de actos de violencia en su contra.
La marcha llegó al Congreso local en donde una comisión fue atendida por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, a quien le plantearon la necesidad de que se apruebe la tipificación de violencia vicaria en Guerrero.
La iniciativa que presentó la diputada Gabriela Bernal contempla que se tipifique la violencia vicaria como delito y que tenga una pena máxima de hasta 8 años de prisión, la cual fue enviada a las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.
Según la CNDH, “la violencia vicaria es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y que, de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra.
“Confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial, institucional, y otras, ejercidas no sólo por los agresores sino directa e indirectamente por las autoridades de procuración y administración de justicia, de protección a la niñez y adolescencia, y jurisdiccionales”.