Ángel Galeana/Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, informó que hay todas las condiciones políticas en el Poder Legislativo para que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acuda a presentar su primer informe de labores.
La diputada aseguró que no protegerán a nadie respecto a la violación que se hizo a la Ley 179 de Seguridad Pública Estatal en su artículo segundo transitorio, cuyo dictamen aún no tiene la Jucopo, pese a que el término de su presentación en sesión del Pleno venció hace 3 meses.
También señaló que mantienen la investigación sobre la demolición de la biblioteca del Congreso que se hizo durante la presidencia en la Jucopo del diputado Alfredo Sánchez Esquivel y, en caso de que haya responsabilidad política por mal ejercicio en la obra, actuarán conforme a la ley.
A 11 días de que se cumpla el primer año de administración de la gobernadora Evelyn Salgado, y sin fecha anunciada sobre la presentación de su primer informe ante el Congreso, la diputada Yoloczin Domínguez señaló que el Poder Legislativo tiene todas las condiciones políticas para que la Gobernadora acuda al acto protocolario.
Cuestionada sobre el tema al finalizar la sesión de este martes, la diputada Yoloczin Domínguez recordó que la ley marca como obligatorio la entrega del informe escrito, mas no el evento protocolario, por lo que esperarán la decisión que tome la gobernadora Evelyn Salgado para ver si lo realizá en el Congreso o en otro lugar.
Dijo que el Congreso tiene todas las condiciones políticas para la realización de cualquier sesión, bajo el respeto de la pluralidad de opiniones que puedan haber de las fracciones.
La diputada se dijo respetuosa de la decisión que tome Salgado Pineda sobre si acude o no a una sesión solemne para la presentación de su informe: «nosotros nos basamos en lo que marca le ley, y lo que marca la ley es que se entregue el informe antes del 15, por lo demás ella tomará la decisión más adecuada».
Respecto a la investigación que realiza el Cogreso por la demolición de la biblioteca, indicó que ya solicitaron oficios a las Secretarías de Finanzas, Protección Civil y Obras Públicas del Gobierno estatal pidiendo información relativa a si era necesario que se derrumbara el edificio, si hubo un dictamen, la situación financiera y el proceso de licitación para la obra.
La diputada aclaró que sí retomarán la reconstrucción del edificio pero esperarán a que termine la aclaración de su derrumbe, y aseguró que si hay algún tipo de responsabilidad política por la obra actuarán conforme disponga la ley.
Respecto a la investigación sobre la violación que presuntamente se cometió en el Congreso al artículo segundo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública previo a su publicación en el Periódico Oficial, aseguró que no van a proteger a nadie; sin embargo, han pasado 3 meses desde que se venció el plazo para la entrega del dictamen en sesión del Pleno y el documento sigue en la Mesa Directiva.
Domínguez Serna explicó que la Comisión Especial formada exclusivamente para investigar el caso presentó el dictamen, pero una persona ajena a la Comisión «lo tomó» bajo argumentos que a la fecha desconoce. Esa persona fue la asesora de la Jucopo con el expresidente, Alfredo Sánchez Esquivel, María Eugenia Salgado Guzmán.
Señaló que el dictamen en este momento lo tiene la Mesa Directiva y no está en manos de la Junta de Coordinación Política.
Según los plazos para los que fue creada la Comisión y la prórroga que solicitaron sus integrantes, el 1 de julio debió informarse en sesión del Pleno qué ocurrió con la violación a la Ley de Seguridad y quiénes fueron los responsables, pero a la fecha el dictamen se mantiene estancado.
El artículo segundo transitorio de la Ley de Seguridad Pública fue modificado después se ser aprobado por el Congreso y publicado en el Periódico Oficial del Estado con la alteración.
Según la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo, la Ley aprobada salió de su oficina y llegó al Gobierno estatal para su publicación, lo que generó deslindes desde ambos Poderes sobre la responsabilidad de la ilegalidad.