Ángel Galeana/Chilpancingo
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, informó que la próxima semana se podría realizar la sesión secreta en la que se dará a conocer el resultado de la violación que se cometió a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, el cual elaboró la Comisión Especial que el propio Poder Legislativo creó para tal fin.
En entrevista, la diputada señaló que el dictamen se encuentra en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios porque tiene “observaciones mínimas” de trámite mas no de contenido que se tienen que solventar para ser presentada al Pleno.
Confirmó que la presentación del dictamen al Pleno se realizará en sesión secreta como se estableció en el decreto que fue votado por los diputados en la sesión del 27 de abril, cuando se creó la Comisión Especial para investigar el caso. Cabe señalar que el procedimiento lleva más de 3 meses de retraso, puesto que el propio decreto solo otorgó 45 días naturales a la Comisión para presentar su dictamen ante el Pleno.
Aunque en la lectura que se realizó en la sesión del 27 de abril no se especificó que los resultados de la investigación se presentarían en sesión secreta, el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de mayo establece en su artículo tercero que la Comisión Especial emitirá su dictamen recomendación bajo esa modalidad, el cual deberá tener la mayoría calificada de todos los diputados para ser aprobado.
La diputada Yanelly Hernández negó que con la presentación de un dictamen en secreto pretenden ocultar los resultados o proteger a alguien, en caso de que la Comisión encontrara responsabilidad de algún diputado o trabajador del Congreso. Dijo que, una vez realizada la sesión, se informará a los medios de comunicación.
La violación a la Ley de Seguridad Pública consistió en la modificación ilegal y “grave” del artículo segundo transitorio, el cual fue aprobado por los diputados con el siguiente texto: “Lo dispuesto en los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 17, fracción XXIV, el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria.”
Pero al cuando fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el texto establecía: “Lo dispuesto en los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 17, fracción XXIV, el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta.”
Es decir, que la ley fue modificada de forma ilegal entre su traslado del Congreso a las oficinas del Gobierno del estado y su posterior publicación en el Periódico Oficial; hecho del que en ambos Poderes se han deslindado de la responsabilidad.