Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La Contraloría Interna del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo inició 37 investigaciones contra funcionarios y trabajadores de la actual administración por abuso de autoridad, acoso laboral, abuso de funciones y el primer caso registrado en el gobierno municipal de acoso sexual donde la presunta víctima fue un hombre.
Durante la conferencia matutina semanal que se llevó a cabo en el Palacio Municipal, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez resaltó que el contralor interno Erick Javier García Ocampo tiene libertad “conforme a lo que es la ley” para iniciar con los procedimientos correspondientes; es decir, no hay ninguna indicación de su parte para incidir en las investigaciones.
“Hemos iniciado procedimientos al interior por una razón, porque yo siempre he dicho que si no me cuido, el contralor cuida al gobierno, que se hagan cosas irregulares al interior y esto también ayuda a mejorar a todos (…) Siempre le he pedido al contralor que lo haga de manera muy justa, equitativa, siempre conforme a la ley”, expresó.
Erick Javier García detalló que en los procesos que involucran a personal de la actual administración están 7 titulares de Secretarías, 2 titulares de Subsecretarías, 2 coordinadores de áreas, 4 administradores de áreas, personal administrativo y operativo de distintas áreas.
Sobre los procesos contra funcionarios de la administración pasada, primero aclaró que la Contraloría Interna “no tiene la misión única y exclusiva de meter a la cárcel” al exalcalde Antonio Gaspar Beltrán; “no somos Fiscalía, no somos Ministerio Público” sino que el principal propósito de las acciones “son fines preventivos”.
Recordó que la Contraloría Interna pasada a cargo de Francisco Javier Ríos Martínez no dejó registros de auditorías, “no sé por qué razón (…) No encontramos antecedentes de ninguna auditoría a obras públicas”; además, se simulaban sesiones del Consejo Consultivo.
Puntualizó que el rezago administrativo es de más de 200 procedimientos, principalmente porque los expedientes no fueron encontrados, no hubo seguimiento oportuno y por encubrimiento; “la Contraloría no estaba en ánimo de hacer su labor”.
En contraste, tan solo en el primer año de gobierno de Norma Otilia Hernández la Contraloría Interna recibió 674 quejas y denuncias a través de la Alerta Ciudadana Anticorrupción, en promedio 2 al día, las cuales se han atendido.
De acuerdo con el contralor interno, actualmente hay procesos abiertos contra exfuncionarios por el caso del basurero del Cerro del Huiteco y el Comedor Comunitario de Santa Rita, los cuales fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación debido a que se trata de obras públicas que contaron con más de 9 y 1 millón de pesos respectivamente del erario federal.
En el caso del basurero fueron señalados Antonio Gaspar, la exsíndica procuradora Vianey Castorena, la exsecretaria de Obras Públicas, Ana Dilcia Romero, el exsecretario de Finanzas, Wilibaldo Valente Pastor, el exdirector Operativo, Roberto Carlos Rojas, el exdirector de Obras, Sabi Ortiz Díaz; el exjefe de Supervisión, Rodolfo Nolasco Hernández, el exsupervisor Oscar Salgado y la exdirectora de Ecología, Perla Lilian Juárez.
Las probables faltas administrativas que se les adjudican a los exfuncionarios son abuso de funciones, peculado, encubrimiento, daño a la hacienda pública municipal, entre otras; Erick Javier García destacó que la obra en el Cerro del Huiteco causó daños ecológicos que no fueron contemplados por las autoridades correspondientes.
En una segunda auditoría realizada por la federación se encontró que la administración pasada hizo pagos por 165 millones 924 mil 291 pesos sin documentación comprobatoria; “son recursos federales auditados y nosotros coadyuvamos con las investigaciones”.
Además, 44 exfuncionarios del gobierno de Antonio Gaspar serán inhabilitados por un año por no haber presentado su declaración patrimonial; entre ellos, la exsecretaria general del Ayuntamiento, Anacleta López Vega, el exdirector de Registro Civil, Fidel Carachure Giles, la exdirectora de Recursos Humanos, Adriana Mondragón Sosa y la exsecretaria de Desarrollo Urbano, Sandra Dolores Almazán Alcaraz.
Finalmente, Erick Javier García dijo que hay problemas para avanzar en el caso de las inhabilitaciones porque algunos de los implicados en un principio se presentaron para conocer el proceso en su contra pero cuando continuó para aplicar la sanción “se nos esconden”; añadió que la administración de Antonio Gaspar no es la única bajo investigación.
La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de 10 millones de pesos del erario federal durante el gobierno del priista Marco Antonio Leyva Mena, por lo que también se llevarán a cabo los procesos y sanciones correspondientes.