Ángel Galeana/Chilpancingo
El secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, acusó que la actual administración recibió un «estado con necesidad apremiante de gobernabilidad » que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en la instituciones.
Pero la fracción del PRI lo confrontó en la ronda de preguntas, a través de la diputada Alicia Zamora Villalva, quien enlistó desalojos de policías a policías, a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol el pasado 5 de noviembre que se virilizaron en redes sociales.
Reynoso Núñez compareció esta mañana ante 35 diputados del Congreso local en la apertura las comparecencias por la glosa del primer informe de gobierno del estado. En su participación aseguró que en el estado hay gobernabilidad «resultado del diálogo oportuno y responsable».
En la presentación de su informe, señaló que la administración actual ha atendido 1,819 movilizaciones de los sectores educativo, social, laboral, de transportes, medios de comunicación, comercio, agrario y turístico.
En la agenda legislativa, destacó que el Gobierno estatal envió una iniciativa a la Ley de Planeación del Estado con la que el se creó la octava región de la Sierra «que representa un logro de lucha de más de 30 años».
En atención a víctimas, informó que en el primer año de administración se depuró el padrón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para que salieran del registro las personas que cumplían con los requisitos y se integraran las familias que requerían los apoyos.
“Esta comisión, otorgó 4,592 canastas básicas alimentarias, teniendo como resultado un aumento del 44% en comparación con años anteriores. Igualmente, brindó 10,110 asesorías jurídicas, 591 atenciones psicológicas a familiares; 1,266 acompañamientos a víctimas directas e indirectas”.
En el tema de personas desplazadas por la violencia, señaló que hay 755 familias que suman 2 mil 573 personas que han abandonado sus comunidades a causa de la violencia provocada por la delincuencia organizada. Destinaron un presupuesto de 5 millones 300 mil pesos para entregar apoyos y fortalecer sus condiciones de vida.
Aseguró que la efectividad de las políticas de la actual administración se deben de entender en el contexto de que este año no ha habido nuevos casos de desplazamiento y siguen trabajando con los grupos pendientes.
De los grupos de desplazados, afirmó que hay 3 que han sido retornados que son Quetzalcoatlán, San Rafael y Zihuaquio, y 3 más reasentados: Tundonicua, Tepango y La Unión.
Destacó que Guerrero es uno de los tres estados del país que tiene una Ley de desplazamiento interno, sin embargo, está descontextualizada.
Dijo que uno de los puntos necesarios para una actualización es considerar cómo se involucran los municipios en los que se generan los hechos delictivos que propician la salida de los habitantes, y aquellos a los que llegan los desplazados.
Del total que fueron desplazados, indicó que hay 914 retornados y 173 reasentados y trabajan para retornar o asentar a 1, 486 personas que son de comunidades de Chilapa, Apaxtla, Leonardo Bravo y San Miguel Totolapan.
En la ronda de preguntas, la única diputada que confrontó al Secretario fue la diputada del PRI, Alicia Zamora Villalva, quien cuestionó la gobernabilidad que destacó Ludwig Reynoso, y la atención a víctimas de violencia y desplazados.
La diputada señaló que la CEEAV atendió a 4 mil 592 familias, con despensas, transporte, hospedaje, atención y compra de medicamentos, pero fueron más de 20 mil delitos del fuero común en el año, según el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que cuestionó si con esas acciones se cumplieron las disposiciones de la Ley de Víctimas del Estado.
También cuestionó si las despensas, visitas institucionales, paquetes de láminas y cemento es un trato suficiente para las víctimas.
Al respecto, Marcial Reynoso señaló que hay distintas etapas de atención a los grupos de desplazados. Debes de la atención emergente hacen un seguimiento a los ya desplazados. Ejemplificó que quienes retornan a los lugares de donde fueron desplazados se les otorgan apoyos en vivienda, proyectos productivos, rentas de terreno, etc.
Villalva Zamora criticó que el funcionario afirmara que en el primer año de gobierno se consolidó la gobernabilidad en Guerrero, cuando se han dado hechos como un desalojo de policías a policías el 21 de mayo en Acapulco; el desalojo a indígenas de la Autopista del Sol el 11 de octubre en Chilpancingo y los reportes de asaltos en la Autopista del Sol el pasado 5 de noviembre.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló.
Recordó que cuando inició la administración del exgobernador Héctor Astudillo había varios municipios tomados, el Senado acudió a Guerrero pensando que habría desaparición de poderes “ y la situación que ustedes reciben era distinta”.
La diputada también preguntó a Reynoso Núñez el por qué no se ha reunido con los dirigentes de los partidos políticos, “la polarización lastima, rompe puentes de entendimiento”.
Ludwig Marcial Reynoso recordó que la actual administración recibió con el Palacio de Gobierno y los organismos públicos descentralizados tomados, lo cual fue consecuencia de reducción de recursos que tuvo la pasada administración por la pandemia del Covid-19.
Del diálogo con partidos políticos reconoció que sí tienen reuniones pendientes pero aseguró que el gobierno estatal está abierto, sin embargo, dijo que es oportuno que la tolerancia se dé de ambos lados: “como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”.
Otro de los temas tratados entre más fracciones del Congreso fueron los constantes bloqueos y protestas en regiones del estado. Reynoso Núñez dijo que se atienden a través del diálogo y tratando de canalizar toda la demanda social.
Sin embargo, señaló que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado.
Indicó que hay demandas muy añejas, como con los maestros que piden ser ingresados al Fone, o las “miles de horas de adeudo”
“Entendemos que hay expectativa de que el nuevo gobierno y todos tienen expectativa que se solucionen en momento, y se genera la movilidad social en espera de que esto suceda de forma inmediata, pero en tema educativo ya está todo normado, no se puede hacer gran cosa si no se actúa en la Ley de USICAMM. Hay que concientizar a maestros que todo lleva un proceso”, indicó.