Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Feministas y defensoras de derechos de las mujeres exigieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside Raymundo Casarrubias Vásquez, que informe cuántas mujeres están procesadas por delitos relacionados con el aborto, como el homicidio en razón de parentesco, y se revise cada uno de los casos.
En conferencia de prensa en Acapulco, las integrantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Cecilia Garibe, de la Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer, Renata González y Ana Gabriela Candela Garzón, de Católicas por el derecho de Decir México, Elizabeth Plácido Río, y de Abortistasmx, Ninde Monre, señalaron que “es necesario” que se informe sobre los casos debido a que el aborto ya no es un delito en la entidad.
“Debe de hacerse de conocimiento muy amplio y extensivo que las mujeres guerrerenses tienen derecho a abortar y además, en casos de violencia están aún más protegidas por otras normas”, expresó Elizabeth Plácido.
Las feministas y defensoras coincidieron en que es preocupante que a más de tres años de la declaración de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Guerrero hay 13 medidas por cumplir que contemplan la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño, “con el objetivo final de posicionar al aborto como un tema de salud pública y no un tema penal, eliminando el castigo hacia las mujeres por no cumplir un rol de género”.
Aunque la demanda de las organizaciones se enmarcó tras la liberación de Aurelia Garcia Cruceño, Ana Gabriela Candela puntualizó que la Alerta se declaró en junio del 2020 y la petición de información sobre las mujeres encarceladas por delitos relacionados con aborto “es una medida que se tiene que haber cumplido en años anteriores, hay un retraso en el cumplimiento de las medidas”.
Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCIN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto, por lo que las autoridades deben atender las medidas de la Alerta en congruencia con el panorama jurídico actual.
“Es preocupante que por parte del Estado no existan acciones concretas para cumplir con tales medidas, siendo insuficientes los esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia, y las consecuencias persistan dando como resultado violaciones a los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas”, indicaron en un pronunciamiento conjunto.
Resaltaron que “es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia” la revisión de los casos; además, el aborto y homicidio en razón de parentesco “son jurídicamente distintos, por eso desde las instituciones se afirma que no existen mujeres encarceladas por el delito de aborto; sin embargo, organizaciones sociales han documentado que cuando las mujeres enfrentan procesos penales relacionados con embarazos y partos, llegan a ser acusadas por homicidio en razón de parentesco”.
“Desde la organización tenemos conocimiento del caso de Maira Onofre Gómez, recluida en el penal de Iguala por lo que solicitamos a las instituciones involucradas revisen con prontitud el caso, pues merece ser liberada al igual que Aurelia”, demandaron.
Finalmente, puntualizaron que las medidas de reparación del daño son responsabilidad del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Víctimas, “desde donde se debe establecer la compensación, la restitución y la satisfacción en búsqueda de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas y, por último, deben garantizarse las medidas de no repetición que busquen que el hecho no vuelva a ocurrir”.