Ángel Galeana/Chilpancingo
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 82VG/2022 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por la participación de soldados del 34 Batallón de Infantería ubicado en Ciudad Altamirano en la desaparición forzada y asesinato por incineración en contra de un ciudadano de Coyuca de Catalán, cometido el 14 de agosto de 2020.
De acuerdo con la recomendación publicada este miércoles, elementos del 34 Batallón de Infantería persiguieron a un ciudadano de Placeres del Oro, lo mataron y posteriormente incineraron el cadáver en el punto conocido como La Parota del Cuartel, perteneciente a Zirándaro.
Declaraciones de testigos y de la esposa en la investigación, indican que la víctima salió de su casa al centro de la comunidad de Placeres del Oro para comer. Después de comer, abordó su motocicleta e inmediatamente soldados lo persiguieron en dos vehículos tipo Hummer en dirección a Pantoja. Las matrículas de los vehículos militares fueron anotados por testigos, quienes además declararon que los soldados llevaban garrafas, en las que presumen portaban gasolina.
Según los relatos, a la víctima le dispararon en el camino a Pantoja. Posteriormente, regresaron los soldados a bordo de sus vehiculos, trayendo consigo la motocicleta en la que viajaba el hombre al que asesinaron, cuyo cadáver encontraron horas después calcinado con llantas que le fueron colocadas encima en una parcela en el punto conocido como La Parota del Cuartel.
La CNDH denunció que la Sedena negó participar en los hechos, y reportó que solo actuó «como apoyo para el levantamiento del cadáver», sin embargo, en los partes de novedades se acreditó que los vehículos que fueron vistos por los testigos sí pertenecen al 34 Batallón, y que el 15 de agosto realizaron rutas de reconocimiento entre los poblados de Placeres del Oro, Pineda y Paso de Arenas, «cuyas coordenadas los ubican próximos al lugar en que ocurren los hechos».
En su recomendación, la CNDH señala que la Sedena deberá colaborar ampliamente en el seguimiento de la Carpeta de Investigación iniciada en la Fiscalía estatal; «para ello, se
deberá instruir a quien corresponda a fin de llevar a cabo acciones encaminadas a la identificación de los elementos de la SEDENA que hayan ordenado y/o participado en la desaparición forzada y privación de la vida de V».
La Sedena deberá otorgar atención médica y psicológica a las víctimas indirectas
por las acciones y omisiones de los soldados, e impartirá en el término de seis meses, contados a partir de la aceptación de la recomendación, un curso de capacitación, en el que se promueva y se aborde el uso de las herramientas establecidas en los marcos institucionales, jurisprudenciales y normativos nacionales e internacionales, relacionados con la desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias y la lucha contra la impunidad».