Ángel Galeana/Chilpancingo
El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, reveló que la Comisión Especial para investigar las violaciones que se hicieron a la Ley 179 de Seguridad Pública del estado entre el momento en que se aprobó y se publicó, está recibiendo nueva información que podría cambiar el sentido del dictamen que hasta ahora está escrito.
En entrevista, Apreza Patrón dijo que «extrañamente» no se pudo realizar la sesión secreta a la que fueron citados los diputados el pasado 13 de enero para votar el dictamen de la Comisión, el cual confirmó que exoneraba de responsabilidades a todos los involucrados, como informó Réplica en su momento.
A 11 días desde que no se realizó la sesión para votar el dictamen que ya estaba hecho, Apreza Patrón reveló que la Comisión Especial tiene nueva información, la cual no detalló.
«No pudo realizarse la sesión porque extrañamente no hubo quórum, sin embargo, tengo entendido que ahora la Comisión Especial está recibiendo nueva información que puede hacer que el dictamen cambie», indicó.
El diputado señaló que más allá de la posición de los partidos políticos frente al dictamen que exoneraba a todos los involucrados, lo central es que no hubo quórum para sesionar.
Al preguntarsele que había una versión de que diputados de Morena estaban intentando proteger a alguien, consideró que sería grotesco que un diputado estuviera a favor de las alteraciones que se hacen a las leyes que se aprueban en el Congreso.
El pasado 13 de enero, los diputados fueron citados a sesionar de forma secreta para votar el dictamen de la Comisión Especial para investigar las violaciones al artículo segundo transitorio de la Ley 179 de Seguridad Pública Estatal.
Dicho dictamen, del que Réplica tiene una copia, exoneraba a todos los involucrados en la violación a la Ley, y solo exhibía que el contralor interno del Congreso, Eusebio Pérez Almonte, entregó a la Comisión un informe deficiente que dejaba una investigación inconclusa sobre lo que había ocurrido.
También recomendaba que el Congreso legislara de forma inmediata para sancionar de forma penal o administrativa a los responsables de modificar cualquier documento emitido por el Congreso.