No encubrirá a ningún funcionario por irregularidades en el Zoológico: Evelyn Salgado

Ángel Galeana/Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que no encubrirá a ningún funcionario involucrado en las irregularidades que denunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado dentro del Zoológico de Chilpancingo durante la administración del exdirector Rubén Nava Noriega.

En entrevista en Acapulco, la gobernadora indicó que la Contraloría del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Peofepa) son las instancias encargadas de investigar todas las irregularidades denunciadas en el Zoológico, y serán quienes determinen las responsabilidades correspondientes.

«Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que determinen pero fui muy clara, quienes sean responsables serán sancionados, yo no voy a encubrir a nadie y si hay más funcionarios involucrados también serán sancionados, yo no meto las manos por nadie», indicó.

Salgado Pineda declaró a su administración como ambientalista, por lo que advirtió que no permitirán que se cometan anomalías como las denunciadas en el Zoológico. Indicó que tienen intenciones de mejorar el parque y si es posible realizar una «transformación total».

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, declaró que funcionarios de la dependencia a su cargo ya dialogan con los trabajadores que hoy pararon labores en la cárcel de Acapulco para exigir un bono de riesgo.

El funcionario indicó que el bono que exigen los manifestantes no es un compromiso laboral que tenga la administración, sin embargo, atenderán la demanda para llegar a acuerdos.

Respecto a los hechos de violencia ocurridos en la sierra de Petatlán y Tecpan, indicó que la Fiscalía estatal ya realizan las investigaciones correspondientes sobre los asesinatos contra policías, la retención de los agentes y las amenzas que sufrieron.

De parte de Contraloría interna investigan los protocolos de operación que realizaron los policías el pasado fin de semana, ya que fueron acusados de transportar a civiles en los vehículos oficiales y de cometer abuso de autoridad en la comunidad de El Parotal.

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