La ineficiente procuración de justicia en Guerrero, ¿dónde queda el estado de derecho?

Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Fue coodinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

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Se han incrementado hechos violentos en diversos estados del país, relacionados con actos de extorsión o de “cobro de piso”, como se le ha dado en llamar; Guerrero no escapa de esta espiral delictiva y varias ciudades han experimentado hechos similares, como ha sucedido en las más visibles Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, con la quema de varios establecimientos comerciales y hasta de pérdidas de vidas humanas.

Sin duda que la seguridad pública que deben brindar la federación, estado y municipios, está fallando; pero, igual suerte corre la procuración de justicia.

Ante la perpetración de hechos delictivos el eslabón que sigue es el de la procuración de justicia, entendida como aquella actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos, mediante las actividades de investigación diligente de los delitos y el ejercicio oportuno de la acción penal.

Pero ¿Qué sucede en Guerrero? Sencillamente tenemos un sistema de procuración de justicia ineficiente, como se desprende de la aceptación de la propia fiscal del estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón, al aceptar que no tienen celeridad las investigaciones de los delitos cometidos; pues a partir de su llegada a Fiscalía se han integrado más de 50,000 carpetas de investigación por diversos delitos y carece de elementos para investigarlas con celeridad, aunado a la falta de presupuesto y haber heredado una deuda de alrededor de 500 millones de pesos.

La Fiscalía tiene asignado un presupuesto para este año 2023 de 1,390 millones de pesos, del cual refirió que el 95 por ciento es destinado para el pago de salarios de los 3,200 empleados, de los cuales sólo 1,200 se dedican a la investigación y persecución de delitos, entre los que se encuentran ministerios públicos, policías ministeriales y peritos que resultan insuficientes para atender las denuncias con celeridad, ya que el grueso de la plantilla laboral está conformada por empleados en áreas administrativas y sindicalizados.

A lo anterior se suman la serie de inconformidades que se han suscitado al seno de la Fiscalía, a partir de la llegada de la actual Fiscal, está como ejemplo la convocatoria que realiza un comité de ciudadanos y trabajadores de la propia institución, que se encuentran aglutinados en una asociación civil, a la “mega marcha” a realizarse el próximo 24 de este mes, por los despidos injustificados, las arbitrariedades y abuso de autoridad que se han venido dando en esa Fiscalía, que atribuyen a la titular.

Esta ineficiente procuración de justicia se suma a una cadena de impunidad incapaz de revertir los atrasos en este rubro; pues lejos estará la Fiscalía de reducir la brecha existente entre el número de carpetas de investigación abiertas con las que se logre conseguir las pruebas o evidencias suficientes para acreditar las investigaciones y sostenerlas en una causa penal; y, mucho más alejada va a estar, de avanzar en el proceso penal y así, distante estará la posibilidad de conseguir una sentencia condenatoria.

A esto hay que agregarle la falta de confianza de la ciudadanía en la Fiscalía, lo cual reconoce su propia titular, al referir que por ejemplo, en las extorsiones, hay una cifra negra porque el ciudadano extorsionado no confía totalmente en las instituciones, y podemos decir que es una percepción de desconfianza generalizada; pues con este contexto aquí abordado, donde el resultado es de un porcentaje mayor al 90 por ciento de impunidad de los casos que se denuncian, ya no se diga sobre la totalidad de los delitos que en realidad se cometen y no hay denuncia; así, con esos resultados, cómo se va a confiar en la procuración de justicia.

Es apremiante poner a las víctimas en el centro de atención gubernamental, a fin de hacerles efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia, a la reparación integral del daño causado y a lograr el castigo a los responsables; tareas incumplidas, que dan lugar a que el delito quede impune y sea una invitación a seguir delinquiendo, con esa certeza de que la Fiscalía no aclarará los hechos, de que los delincuentes no serán aprehendidos, mucho menos castigados; y, ¿dónde queda el Estado de Derecho?

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