Ángel Galeana/Chilpancingo
La Dirección Ejecutiva del PRD Guerrero buscará, a través de diputados locales, que la Fiscalía General del Estado cite a declarar al dirigente de Morena, Jacinto González Varona, para que presente pruebas sobre los presuntos vínculos que tienen los partidos del PRD, PAN y PRI con grupos delictivos en los municipios que gobierna.
Además, presentará un procedimiento sancionador ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, denunciando difamación del dirigente morenista, tras sus declaraciones.
En conferencia de prensa a las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a donde acudieron a solicitar que el organismo se pronuncie en contra del Plan B del presidente López Obrador por considerar que vulnera los derechos políticos de las mujeres, los perredistas respondieron también a las acusaciones que ayer vertió el dirigente de Morena, quien directamente señaló que los ayuntamientos gobernados por la oposición tienen pactos con la delincuencia organizada.
El dirigente del partido, Alberto Catalán Bastida, calificó al líder de Morena como un payaso de rodeo y de emitir declaraciones patéticas e irresponsables, en un afán por defender la estrategia de seguridad del Gobierno estatal, tras la nota del periódico Reforma que tituló: “Acusan protección de Salgado a crimen”.
“Si Jacinto González tiene pruebas de estos dichos está obligado a presentarlas ante las instancias correspondientes. Quiero recordarle también al dirigente de Morena que es inaudito que haga este tipo de declaraciones cuando en Chilpancingo y en Acapulco se vive con una incertidumbre respecto a la violencia que también que se genera en estos municipios, y hablando del pacto que dice que hay de algunos partidos políticos para ganar las elecciones ¿entonces eso hicieron en Chilpancingo, eso hicieron en Acapulco?, cuestionó.
Recordó que no solo en los municipios que gobierna la oposición se generan hechos delictivos, como el caso de Zirándaro, que es gobernado por Morena y en donde se vieron desfilar a grupos armados en las fiestas patronales.
También criticó la gira que realizó ayer la gobernadora Evelyn Salgado en la comunidad de El Durazno, la cual calificó como un montaje con un operativo que, dijo, no tenía ningún sentido ya que no se genera verdadera pacificación «¿a qué van?»
Dijo que la visita de la Gobernadora en El Durazno fue solo del Gobierno federal y del estatal, sin tomar en cuenta al municipio, «en un acto en donde seguramente ante las circunstancias y ante la emergencia, o esta crisis que les género algunos señalamientos, pues hicieron presencia en ese municipio, pero ¿cuáles son los resultados?»
Que Derechos Humanos se pronuncie contra el Plan B
La dirigencia perredista solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se pronuncie ante las “violaciones a los derechos humanos de las mujeres contenidas en el Plan B”.
Aunque reconocieron que la Comisión no tiene facultades para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, consideraron que la institución no debe ser omisa “ante las acciones regresivas del Plan B”.
Alberto Catalán señaló que entre los efectos regresivos que tiene la serie de reformas promovidas por el presidente López Obrador, está la prohibición a la suspensión de derechos políticos electorales por sanciones administrativas, “es decir, que los candidatos pueden ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género y tener cargo público”, lo cual contraviene a la declaración 3 de 3 contra la violencia.
Otro de los aspectos es que prohíbe al INE emitir reglamentación y regulación en el cumplimiento de paridad y su instrumentación. Señaló que ahora los criterios para que se garantice la paridad de género en candidaturas saldrán de las filas de Morena, desde el Congreso de la Unión.