Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Gobernadores de Morena se pronunciaron en contra de la suspensión del “Plan B” de la reforma electoral que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, compartió a través de sus redes sociales oficiales un comunicado conjunto firmado por sus homónimos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.
En la misiva, los morenistas recordaron que el pasado 24 de marzo el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el “Plan B” de la reforma electoral, “el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE”.
Consideraron que “la determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales”.
“Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legitima depositada en el Poder Legislativo”.
En ese sentido, defendieron que “las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE. Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”.
Señalaron que “es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”.
Demandaron que la “arbitraria decisión” del ministro Laynez Potisek sea revertida por el pleno de la SCJN, “tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”.
Finalmente, afirmaron que “la transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía”.