Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
El pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por unanimidad de votos un acuerdo con el que determina que el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, no incurrió en calumnias en contra del PRD y sus ayuntamientos, a los que acusó de ganar elecciones en algunos municipios por recibir apoyo de grupos delictivos, señalamientos que, a criterio del organismo, no tienen ningún impacto en el proceso electoral 2023-2024.
Este miércoles el Consejo General del IEPC celebró su quinta sesión ordinaria en la que resolvió, entre otros casos, la denuncia presentada por el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, en contra del líder de Morena y otros integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de ese instituto político por supuestos actos de calumnia.
La denuncia fue interpuesta el pasado 14 de marzo ante oficialía de partes del IEPC, luego de que Jacinto González declarara a medios de comunicación que algunos partidos políticos, incluido el PRD, han ganado ayuntamientos por recibir apoyo del crimen organizado, lo cual fue considerado por el líder perredista como una campaña en contra del sol azteca y sus autoridades municipales para ser objeto de discriminación, difamación y calumnias.
Además de González Varona, también fueron acusados Yesenia Salgado Xinol, Jonathan Márquez Aguilar y Abel Bruno Arriaga, en su calidad Secretaria General, Secretario de Organización y Secretario de Asuntos Indígenas del CEE de Morena.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, el consejero Amadeo Guerrero Onofre, explicó que la autoridad electoral se avocó a estudiar si las manifestaciones denunciadas constituían actos de calumnia, es decir, determinar si se estaba imputando un hecho o delito a sabiendas de que este es falso y que el mismo tuviera un impacto en el proceso electoral.
Para ello, el consejero comentó que se estudiaron los tres elementos que integran la calumnia: el objetivo, el subjetivo y el electoral; el primero relacionado a la imputación de hechos o delitos falsos, el segundo a sabiendas de que los hechos o delitos que se imputan son falsos y el tercero para que se demuestre que los hechos constitutivos de calumnia tuvieron un impacto grave en el proceso electoral.
Al respecto, Amadeo Guerrero explicó que se actualizaron únicamente los elementos objetivo y subjetivo en lo que respecta a Jacinto González, Jonathan Márquez y Abel Bruno. En cuanto al elemento electoral, precisó que, aunque se estuvieran imputando hechos o delitos falsos, las declaraciones de los dirigentes de Morena se realizaron fuera de proceso electoral, mismo que arrancará en septiembre próximo, por lo que no hay un impacto en el proceso ordinario 2023-2024.
“Por lo tanto, al no haberse acreditado este último elemento de la calumnia, aun cuando se hubiere realizado imputaciones de hechos o delitos falsos sabiendo que estos fueran falsos, pero no tienen un impacto en el proceso electoral, y toda vez que para que se configure la infracción de calumnia se debe integrar con todos y cada uno de los elementos: objetivo, subjetivo y electoral, se tiene que en el caso concreto no se acreditó el elemento electoral”.
Ante esa situación, la Comisión de Quejas y Denuncias presentó un proyecto de acuerdo con el que propone declarar la inexistencia de las conductas imputadas a los denunciados.
Previo a la votación del proyecto, intervino el representante de PRD ante el Consejo General del IEPC, Mariano Hansel Patricio Aparicio, quien manifestó su inconformidad con esa resolución al considerar que era contradictorio reconocer que se realizaron imputaciones falsas en contra de su partido, pero no se puede aplicar ninguna sanción sólo porque no hay un proceso electoral vigente.
También advirtió que con esa resolución se abre la pauta para que de manera indiscriminada diferentes actores políticos realicen expresiones de todo tipo hasta el mes de septiembre sin que exista ninguna consecuencia.
“Entiendo que la intención se ha cumplido, porque efectivamente hay una calumnia y va dirigida a personajes políticos del PRD que fueron calumniados públicamente por un dirigente. Entiendo que haga falta un elemento, pero es riesgoso aprobar un acuerdo que puede enrarecer el ambiente político, es un permiso para que vayan todos y hagan lo que quieran, ofendan, calumnien, porque no pasada nada”.
A esta crítica se sumó el representante del PRI ante el IEPC, Mario Alberto Saavedra Chávez, quien consideró que era “sumamente delicada” la decisión del órgano electoral y advirtió que la resolución propuesta no otorga certeza jurídica a los denunciantes, pues aunque se reconoce la infracción no se impone una sanción.
“Sí hay calumnia, así lo dijo el consejero, pero por no haber proceso no se puede sancionar; es decir que sí está acreditado y no puede sancionar, y si no se sanciona abriremos una puerta en la antesala electoral para que los actores políticos inicien una serie de declaraciones (…) creo que la resolución está fuera de contexto jurídico, porque decir que sí hay una conducta pero que es inexistente, jurídicamente no está sustentado, no tiene lógica”.
En el debate también intervino la representante de Morena, Esther Araceli Gómez Ramírez, quien afirmó que el proyecto sí tenía sustento jurídico y afirmó que en caso de que algún militante de su partido incurra en una infracción no será protegido.
“No somos tapadera de nadie y no somos generadores de violencia, solo que a veces hay quienes tienen la piel muy sensible, creo que el informe es claro, concreto y preciso”.
Finalmente, el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos del Consejo General del IEPC.