Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Foto ilustrativa
La directora general del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, denunció que en la última semana ha sido víctima de amenazas vía telefónica y que su cuenta de WhatsApp fue hackeada para estafar y extorsionar a sus contactos, que incluyen activistas, colectivos y familias de personas desaparecidas.
De igual forma dio a conocer que las amenazas se han intensificado en contra de las familias desplazadas de tres municipios del estado a las que el Centro Morelos les da acompañamiento.
A través de un comunicado, Teodomira Rosales reveló que desde hace algunas semanas comenzó a recibir llamadas telefónicas de números desconocidos, mismas que el miércoles pasado se convirtieron en “amenazas graves”.
Explicó que hoy fue informada de que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y desde la aplicación estaban solicitando dinero a sus contactos, entre ellos víctimas de la violencia, organismos civiles, colectivos e instancias gubernamentales.
“La estafa y extorsión se está multiplicando, muchas y muchos están cayendo en la trampa, hago un llamado urgente para que las autoridades actúen de oficio en este caso que está afectando la situación psicológica y económica de muchas víctimas con las que trabajamos y dañando la integridad psicológica y moral hacia mi persona y mi familia”.
Rosales Sierra indicó que para los integrantes del Consejo Directivo y del equipo operativo del Centro Morelos es preocupante esta situación, toda vez que han denunciado de manera reiterada “el alto riesgo” en que desarrollan su trabajo.
“Poco o nada se a hecho para atender el problema, aún no tenemos una estrategia que garantice nuestra seguridad de retorno al estado de Guerrero, exijo garantías de seguridad para poder continuar desarrollando nuestra labor sin riesgo para nuestra vida”.
En el comunicado informó que, tras una reunión con autoridades el pasado 24 de abril, una de las familias víctimas de desplazamiento forzado fue amenazada con el asesinato de una de sus integrantes, de 13 años; “y así siguieron las amenazas toda la semana, mencionaban todo lo que la niña hacía y qué ropa tenía puesta en ese momento”.
De igual forma reveló que el 29 de abril y 13 de mayo fueron amenazadas de muerte dos familias más de diferentes comunidades, mientras que el 14 de mayo hombres armados ingresaron a la vivienda de otra de las víctimas para llevarse sus pertenencias.
“Queremos dejar claro que por el contexto y el trabajo que realizamos consideramos que esta situación proviene de las esferas gubernamentales, porque de momento estamos hablando de más de 130 familias que tendrían que recibir la reparación integral del daño y la reubicación, lo cual representa una suma millonaria que tanto el gobierno federal, estatal y municipal, no están dispuestos a erogar”.
Finalmente, Teodomira Rosales exigió a las autoridades de todos los niveles detener “esta embestida” en contra defensoras y defensores de derechos humanos y que realicen una investigación pronta y expedita de oficio para garantizar su integridad física, moral, y psicológica, así como la de su familia y de los integrantes del Centro Morelos.