Ángel Galeana/Chilpancingo
El subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio, acusó que magistrados han favorecido a presuntos delincuentes, entre ellos al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, quienes enfrentan procesos penales por delincuencia organizada y homicidio.
En la conferencia presidencial de esta mañana, el funcionario federal presentó un informe en el que, desde la perspectiva del Gobierno federal, magistrados del Poder Judicial favorecieron a presuntos delincuentes, entre ellos al matrimonio Abarca Pineda, detenidos tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Rodríguez Bucio acusó que el Tribunal Colegiado otorgó un amparo a José Luis Abarca para que un juez cite a nuevas audiencias para que se determinen otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. José Luis Abarca enfrenta procesos judiciales por homicidio y delincuencia organizada.
La resolución del Tribunal ocurrió el 15 de noviembre del año pasado en una votación por mayoría. Los magistrados que votaron a favor del amparo son Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, y el magistrado que votó en contra fue Pablo Pérez Villalba.
La justificación de los magistrados fue que la prisión preventiva a José Luis Abarca viola derechos convencionales en atención a sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pugnan por eliminación de prisión preventiva oficiosa.
En el caso de María de los Ángeles Pineda, Rodríguez Bucio acusó que el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde revocó la sentencia de un juez que había condenado a la implicada a 10 años de cárcel por delincuencia organizada.
La consideración del magistrado fue que se violó el derecho de seguridad jurídica en el debido proceso en audiencia, defensa e igualdad.
«De acuerdo al magistrado Montellano, el juez desahogó diversas diligencias sin la asistencia de la defensa, tampoco llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador, ni se cercioró si el defensor público federal que asistió a la implicada en declaración preparatoria contaba con cédula profesional», señaló el funcionario.