Ángel Galeana/Chilpancingo
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama, y el secretario Ejecutivo de órgano electoral, Pedro Pablo Martínez Ortiz, señalaron que la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal adeuda 26 millones de pesos correspondiente a financiamiento a partidos políticos y gastos para las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del ejercicio fiscal 2023.
Ayer, trabajadores de partidos políticos que se mantenían en paro y tomando oficinas de Gobierno exigiendo que la Secretaría de Finanzas transfiriera el dinero faltante a fin de cobrar sus salarios, se manifestaron en las instalaciones del IEPC para reclamar claridad sobre los recursos, luego de que se publicara en medios de comunicación, entre ellos Réplica, un informe oficial que especifica que el estado transfirió los recursos correspondientes al IEPC en 2023. En el lugar fueron atendidos por consejeros y el secretario Ejecutivo.
De acuerdo con un comunicado difundido por el IEPC, la presidenta del órgano electoral, Luz Fabiola Matildes explicó a los manifestantes que sí recibieron ampliaciones presupuestales, pero no lo correspondiente al financiamiento a partidos políticos.
Indicó que, en 2023, el Gobierno estatal transfirió los recursos para partidos políticos hasta el mes de julio, y no recibieron depósitos en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cantidad que asciende a 26 millones de pesos.
El secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez agregó que el Congreso aprobó para el ejercicio fiscal 2023, un total de 176 millones de pesos para financiamiento a partidos políticos y para las consultas a comunidades indígenas y afromexicanas. De esos 176 millones, el Estado transfirió al IEPC 150 millones, quedando una deuda de 26 millones de pesos, de los cuales, 21 millones corresponden directamente a los partidos políticos y, por ende, se entiende que el resto era para las consultas, es decir, 5 millones de pesos.
La presidenta Luz Fabiola Matildes recordó que el presupuesto del IEPC fue reducido 35% en 2023 respecto a lo que solicitó el Consejo General, por lo que no tenían los recursos suficientes para la operación del órgano electoral. Por tal motivo, solicitaron ampliaciones presupuestales que el Estado sí otorgó a través de dos convenios financieros que firmaron.
Los dos convenios firmados fueron por 14 millones de pesos y por 12 millones de pesos, los cuales suman 26 millones de pesos, y fueron entregados al Instituto entre noviembre y diciembre, pero esos recursos fueron solicitados y destinados a cubrir las prestaciones laborales de los trabajadores.
“Por lo tanto, esos no corresponden al financiamiento público de partidos políticos que estaba autorizado desde el inicio del año por un monto de 171 millones de pesos”, explicó.
“Uno es el monto de 26 millones de pesos, dentro de los cuales están los 21 millones que corresponden al financiamiento de partidos políticos, y que el IEPC no recibió en el 2023, y otro monto muy distinto es el de los 26 millones de pesos que resultan de la suma de los 12 y 14 millones correspondientes a ampliaciones presupuestales”, agregó el secretario técnico Pablo Martínez.
Martínez Ortiz explicó a los manifestantes que el IEPC está solicitando ante tribunales, a través de juicios, que se revise cuáles fueron los montos que se transfirieron al IEPC y “concluyan que no está haciendo falta ese dinero”.
En reunión que sostuvieron ayer, acordaron la solicitud de una mesa de diálogo en la que participe el Gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas estatal, el IEPC y una comisión del personal que trabaja en los partidos políticos.