Ángel Galeana/Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Citlali Calixto Jiménez, indicó que la exfiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón nunca solicitó al Congreso un derecho de audiencia tras ser removida del cargo por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, aunque precisó que el Poder Legislativo no estaba obligado a dárselo, puesto que los «lineamientos» del procedimiento específico de la remoción de la exfuncionaria, no lo especifica.
Entrevistada en el Congreso luego de que fuera aprobada la convocatoria para la elección de quien ocupará el cargo de Fiscal estatal, precisó que el Poder Legislativo no estaba obligado a ratificar la remoción de Sandra Luz Valdovinos, toda vez que la Constitución le da la facultad a la Gobernadora de hacerlo.
Reiteró que, en todo caso, el Congreso tuvo que objetar la decisión de la Gobernadora, pero ninguna fracción parlamentaria se pronunció al respecto.
«Dentro del procedimiento que marca la Constitución, de acuerdo al derecho que tiene la Gobernadora en ese procedimiento, no se marca un derecho de audiencia, no estabamos obligados como Congreso a otorgarle el derecho de audiencia en el procedimiento específico de la remoción, no estaba como lineamiento este tema de derecho de audiencia, eso lo quiero dejar muy claro, pero también es importante señalar que en este Congreso del estado en ningún momento llegó la solicitud de audiencia por parte de quien fuera Fiscal, nunca llegó oficial y formalemente a este Congreso del estado», indicó.
Cabe recordar que la exfiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón publicó un comunicado, luego de ser destituida por la Gobernadora, en el que señalaba que para ser removida del cargo se tendrían que agotar todos los procedimientos constitucionales, y anunció que haría valer su derecho de audiencia ante el Congreso para transparentar las acciones de la Fiscalía en el caso del asesinato del normalista de Ayotzinapa.
Sobre la designación del nuevo Fiscal, indicó que el procedimiento inició este día y concluirá alrededor del 10 de abril, según los tiempos que tiene marcado el Congreso.
Cuestionada sobre la demanda de normalistas de Ayotzinapa, de que en las áreas de seguridad y procuración de justicia no sean designados militares, la diputada indicó que la convocatoria es abierta, y el Congreso no puede cohibir el derecho a que se inscriban quienes decidan hacerlo.
«Ese será otro proceso dadas las circunstancias y el cabildeo que se haga al interior del Congreso del Estado, veremos después de solicitar las entrevistas a los que mande la Gobernadora como terna», comentó.