Ángel Galeana/Chilpancingo
El secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch acusó que una jueza de Guerrero liberó a un jefe de plaza del grupo delictivo de la Familia Michoacana, quien en 2009 secuestró a 7 elementos de una institución de seguridad.
La jueza, cuyo nombre no reveló, forma parte de un grupo de juzgadores que han favorecido con sus determinaciones a presuntos delincuentes responsables de homicidios, secuestros y extorsiones.
En la conferencia presidencial de esta mañana, el gabinete de seguridad presuntó el informe quincenal sobre los resultados en la materia. En este informe, García Harfuch exhibió a distintos jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. Sólo en algunos casos reveló nombres.
En el caso de Guerrero destacó una jueza que liberó el 31 de octubre del 2024 a Nabor «N», alias «El Camaleón», identificado como jefe de plaza de la Familia Michoacana, responsable del secuestro de 7 policías.
De acuerdo al registro el diversos medios de comuniación y un comunicado de la Fiscalía General de la República publicados el 15 de agosto del 2021, el liberado por la jueza de Guerrero es Nabor Pérez Chaires, responsable del secuestro de 7 agentes de la policía federal en Ciudad Hidalgo, Michoacán, el cual ocurrió el 16 de noviembre del 2009. Además, se le adjudicó el secuestro de un civil en el municipio de Zitácuaro.
Nabor Pérez fue sentenciado a 409 años de cárcel por delitos como delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio.
El secretario García Harfuch indicó que entre 2024 y 2025 tienen registro de 193 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos.
Señaló que se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes regresaron a las calles; además, se ordenaron 27 traslados de personas privadas de la libertad a centros penitenciarios de mínima seguridad sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.
«Es inaceptable que órganos jurisdiccionales tomen determinaciones para favorecer a los delncuentes», reprochó.