Ángel Galeana/Chilpancingo
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, publicó un documento expedido por la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que se le responde que sólo este órgano fiscalizador tiene las facultades para auditar los recursos federales que ejerció el municipio.
La publicación del documento la realizó ayer, justo el día en que venció el término para solventar presuntas irregularidades que le hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un monto de 898 millones de pesos por los recursos ejercidos del programa federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) en 2023.
El 20 de septiembre del año pasado, la alcaldesa solicitó a la ASF un opinión o pronunciamiento acerca de la documentación para fiscalizar los recursos del FAISMUN que le hizo la Auditoría del Estado. El órgano federal le respondió el 4 de octubre, señalando que sólo esta instancia tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejercen los municipios.
El director general jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, Elías Ramírez Pineda, respondió a la alcaldesa que no podría emitir una opinión acerca de las funciones de los órganos fiscalizadores de los estados, pero especificó que, según reformas a la Constitución federal y leyes en la materia de fiscalización realizadas en 2015, sólo la ASF tiene la facultad de auditar el ejercicio de los recursos federales.
Incluso, especificó que si el Ayuntamiento de Acapulco entregara documentación acerca el ejercicio de los recursos públicos federales a la Auditoría del Estado, «podría interferir en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de esta ASF».
«La ASF es la única autoridad que cuenta con facultades para fiscalizar directamente los recursos de origen federal que ejercen las entidades federativas, los municipios, y las alcaldías de la Ciudad de México toda vez que la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y diversas leyes específicas le otorgan la facultad expresamente, coligiéndose que dicha fiscalización es exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Las reformas no otorgaron atribuciones a las Entidades de Fiscalización Locales, para fiscalizar los recursos de carácter federal ejercidos por los órdes locales de gobierno», indica el documento.
Con la publicación del documento, la alcaldesa Abelina López señaló que «además de cumplir con las instancias pertinentes e informar puntualmente a la ciudadanía, se valora tomar medidas legales contra quienes, sirviendo a intereses particulares, buscan perjudicar mi imagen y la de mi gobierno».
El pasado 10 de abril se publicaron los resultados de la Auditoría Superior del Estado respecto a la fiscalización de la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Acapulco, sobre 898 millones 633 mil pesos del programa federal FAISMUN. El órgano fiscalizador local obsevó la totalidad de los recursos porque la administración de Abelina López se negó a presentar la documentación ante esta instancia.
«La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el pliego de observaciones en virtud de que se presume un probable daño o prejuicio, o ambos, a la hacienda pública por un importe de 898, 633, 453 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que la entidad fiscalizada no dio respuesta al requerimiento de información y documentación que le fue notificado el día 26 de febrero de 2024», indica el reporte de la ASE.
Posteriormente, el 11 de abril, Réplica publicó que la alcaldesa Abelina López intentó frenar las observaciones que le hizo la ASE a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa iniciado el 22 de octubre del 2024. La resolución del Tribunal fue en el sentido de que la ASE sí tenía facultades para fiscalizar los recursos federales, por lo que el órgano local siguió con el procedimiento y notificó al Ayuntamiento de Acapulco el 7 de abril sobre la obligación de solventar los 898 millones de pesos, y le dio 30 días hábiles para hacerlo, los cuales vencieron ayer.