Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso del estado aprobó un paquete de 4 reformas para el combate al delito de extorsión en Guerrero, como parte de la armonización a las leyes federales en la materia.
Destaca mayor control de telefonía en las cárceles del estado para evitar que las llamadas de extorsión se realicen desde su interior.
Las iniciativas, que fueron enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, fueron presentadas ayer ante el pleno, y aprobadas sin discusión ni cambios este miércoles.
Las reformas son una serie de modificaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, al Código Penal, al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y a la Ley de Ejecución Penal del Estado.
En el artículo 175 de la ley de Ejecución Penal del Estado se establece que «queda estrictamente prohibida al interior de los Centros de Reinserción Social la introducción, posesión, uso, facilitación o tolerancia de teléfonos móviles, radios de comunicación, dispositivos electrónicos o cualquier otro medio de transmisión de voz, datos, imagen o mensajes que no haya sido autorizado y controlado por la autoridad penitenciaria, cuando su utilización favorezca la comisión del delito de extorsión u otros ilícitos, conforme a la legislación general y local aplicable».
De igual manera «se establecerá en los centros penitenciarios, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro».
Del Código Penal del estado fueron drogados los artículos 243 y 244 referentes a las penas en prisión por el delito de extorsión, toda vez «que la permanencia de dichos preceptos locales resulta incompatible con el nuevo diseño constitucional del delito de extorsión como delito de alto impacto, así como con el sistema nacional de persecución penal homogénea que impone la Ley General, vulnerando con ello los principios de supremacía constitucional, jerarquía normativa y distribución competencial», previstos en la Constitución local.
En las reformas al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública estatal tendrá a su cargo el diseño, implementación, coordinación y evaluación de la policía estatal para la prevención y combate a la extorsión, en coordinación con las instituciones que integran el sistema estatal de seguridad pública, conforme a la Ley del Sistema y a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Al fundamental el dictamen, la diputada Citlali Calixto Jiménez, señaló que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2024, Guerrero registró 9 mil 617 delitos extorsion por cada 100 mil habitantes, lo que significa un incremento significativo respecto a 2023.
Indicó que la extorsion representa el 5.6 del total nacional de los delitos cometidos, pero su impacto local es desproporcionado.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda justificó en la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado que Guerrero se encuentra inmerso en un proceso nacional de actualización, armonización y fortalecimiento del marco jurídico en materia de seguridad pública, derivado de la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 16 de julio de 2025, de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, así como de los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobados en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del 2 de septiembre de 2025.
«En particular, el Acuerdo 01/LI/2025 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, denominado «Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública» mandata a las entidades federativas a incrementar y profesionalizar su estado de fuerza. fortalecer sus capacidades de inteligencia e investigación, certificar sus academias. modernizar sus Centros de Comando y Control, consolidar los sistemas 911 y 089, así como a crear y formalizar Unidades Especializadas para la denuncia e investigación del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de enero de 2026, además de presentar, antes del último día hábil de noviembre de 2025, las iniciativas de reforma necesarias para la armonización de sus leyes locales con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública», señala la justificación de la reforma.