Ángel Galeana/Chilpancingo
La regidora del PAN en el Ayuntamiento de Iguala, María del Rosario Bustillos Muñoz, pedirá la intervención del Congreso del Estado para que revise el reglamento interno de sesiones que fue aprobado el pasado 9 de abril por el Cabildo Municipal en el que se prohíbe y se advierten sanciones para quienes informen de lo que sucede al interior de las sesiones, lo que calificó como una «ley mordaza».
El conferencia de prensa en el Congreso, la regidora aseguró que el reglamento aprobado por el Cabildo viola los principios constitucionales del país y del estado, por lo que el legislativo puede intervenir con alcances de echarlo abajo.
El pasado 9 de abril, el Cabildo de Iguala aprobó un reglamento interno de sesiones en el que, entre otras cosas, obliga a sus integrantes a «guardar la reserva debida de los asuntos que por sus funciones conozcan, cuya revelación pueda afectar al Ayuntamiento o comprometer la confidencialidad de información reservada». También prohíbe la grabación, difusión o publicación de contenido de las sesiones de forma total o parcial en medios de comunicaicón, redes sociales o cualquier plataforma digital.
El reglamento obliga a los ediles a mantener bajo «estricta reserva» toda la información de carácter patrimonial, financiera o presupuestal «cuya divulgación prematura pudiera generar perjuicios a la hacienda municipal o comprometer procesos de licitación, contratación o negociación».
El mismo acuerdo prevé sanciones para quienes lo incumplan. «Dependiendo de la falta en la que incurran» serán exhortados o amonestados por el presidente municipal, se harán acreedores a una multa de dos veces el salario mínimo mensual y, en el peor de los casos, el Cabildo solicitará al Congreso la suspensión del edil.
La regidora María del Rosario Bustillos señaló que el acuerdo de sesiones es derivado de las denuncias que realizó luego de que fuera aprobado el presupuesto de Egresos municipal 2026, el pasado 30 de marzo. En dicho presupuesto, hubo un incremento de 17 millones de pesos para rubros de gasolina con respecto al 2025 sin que aumentara el parque vehícular del Ayuntamiento; reveló que había una discrepancia en remuneraciones para regidurías de un 49%, y sueldos «de algunos funcionarios distintos a los de regidores».