Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso del Estado deshechó dos demandas de juicio político promovidos en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez y en contra de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán; el primero, por una acusación de no pagar laudos laborales y, el segundo, por una demanda por despido injustificado.
Las dos demandas de juicio político fueron desechadas por el Congreso, aunque de manera pública no se explicaron los motivos. En la Gaceta del portal web no fue publicado completo el dictamen, y en la sesión, los diputados de la Comisión de Exámen Previo se reservaron el derecho de exponer el dictamen ante el pleno.
Las dos solicitudes de juicio político fueron presentadas el año pasado. En el caso de Abelina López Rodríguez, fueron 19 personas que demandaron una investigación por el uso indebido de recursos públicos y que la presidenta se separara del cargo para que se investigue el destino de 177 millones de pesos que el Ayuntameinto aseguró que pagó en 2022 por laudos laborales, dinero que los denunciantes aseguraron no cayó en las cuentas de los trabajadores.
La demanda contra la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán fue presentada por el exvisitador del organismo, Policarpio Gatica Ramírez, quien, entre otras cosas, acusó despido injustificado.
La diputada Erika Luhrs Cortés, de Movimiento Ciudadano, explicó en entrevista que la Comisión de Exámen Previo determinó que no se había agotado el procedimiento administrativo, en el caso del juicio contra la presidenta Abelina López, por lo que fue desechado.
Fuentes consultadas, integrantes de la Comisión que pidieron su nombre no fuera mencionado, señalaron que corresponde a instancias jurisdiccionales determinar o hacer un fallo respecto al conflicto por laudos labores, y si el Congreso intervenía, podía incurrir en invasión de competencias.
Para el caso de la demanda en contra de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se explicó que en la Comisión no encontraron violaciones a la Constitución que ameritaran un juicio, y, en todo caso, al ser una queja de carácter laboral, se tiene que dirimir ante otras instancias, como los tribunales.