Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso local aprobó una serie de reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, entre las que destacan la obligatoriedad de que partidos postulen exclusivamente a mujeres en municipios que solo han sido gobernados por hombres, la nueva integración de Ayuntamientos según las reformas conocidas como “Plan B”, que agresores o deudores alimentarios no accedan a candidaturas, y que personas con discapacidad sean registradas candidaturas a diputaciones plurinominales en los 8 primeros lugares de las listas de los partidos y no en el 9.
La aprobación de las reformas se realizó en dos sesiones que se desarrollaron ayer con el voto a favor de 40 diputados y solo 1 en contra del diputado Aristóteles Tito Arroyo Arroyo, toda vez que su propuesta de garantizar candidaturas indígenas y eliminar la auto adscripción fueron desechadas. La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández había manifestado su voto en contra sobre un tema en particular, pero finalmente votó a favor del dictamen sin presentar ninguna reserva.
Trascendió que una de las razones por las que la diputada Leticia Mosso amagó con votar en contra la particularidad del dictamen, relacionada con la exclusividad de postulación de candidatas mujeres en municipios siempre gobernados por hombres, fue por interés político para el próximo proceso electoral.
La Comisión de Justicia, encargada de la dictaminación recibió 10 iniciativas. Algunos puntos fueron rechazados.
Las reformas
Una de las reformas de mayor impacto es la adición del artículo 14 Bis, propuesta por el diputado Arturo Álvarez Angli, del PVEM, en la que se establece que, en los municipios que siempre han sido gobernados por hombres sean postuladas exclusivamente mujeres a partir del próximo proceso electoral.
La Comisión de Justicia revisó el archivo histórico del Congreso y determinó que en 20 municipios no ha gobernado una mujer, por ello, estableció el reglamento para garantizar el acceso de mujeres a los ayuntamientos, pero de manera gradual, de tal forma que, los 20 municipios se dividieron en 3 bloques y cada uno será implementado en los siguientes 3 procesos electorales.
En la próxima elección 2026-2027, todos los partidos o coaliciones están obligados a postular solo a mujeres a las presidencias municipales en Atlamajalcingo del Monte, Xochihuehuetlán, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Igualapa, Coahuayutla y Mochitlán.
El segundo bloque de candidaturas solo para mujeres a alcaldías es para el proceso electoral 2029-2030, y serán en los municipios de Marquelia, Copalillo, Copanatoyac, Alcozauca, Leonardo Bravo, Cuajinicuilapa y Malinaltepec.
El tercer bloque será para el proceso electoral 2032-2033 y aplicará en los ayuntamientos de Atlixtac, Acatepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tlapa e Iguala.
Cabe destacar que en los artículos transitorios se establece que esta es una medida “temporal “razonable y proporcional”, además que el bloque correspondiente a cada proceso electoral será contabilizado para efectos de obligación que tienen los partidos políticos en el registro paritario de candidaturas a Ayuntamientos.
Otra de las reformas es el llamado Plan B, en el que se establece la prohibición del nepotismo electoral y la reelección en Ayuntamientos y diputaciones, pero hasta el proceso electoral del 2030.
La integración de Ayuntamientos con reducción de sindicaturas y regidurías será de la siguiente manera: el máximo de regidurías será de 15 y solo podrá ser electa una sindicatura. De esta manera, se le quitarán 5 regidurías a Acapulco y una sindicatura a Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.
La distribución de regidurías a partir del próximo proceso electoral es la siguiente: en los municipios con más de 300 mil habitantes serán electos 15 regidores, en los municipios con una población de entre 115 mil y 299,999 habitantes serán 12 regidurías, de 75 mil a 114 mil 999 serán 10 regidurías, de 25 mil a 74 mil 999 habitantes serán 8 regidurías y los municipios con menos de 25 mil habitantes tendrán 6 regidurías.
Otra de las reformas es que los partidos políticos deberán postular en los 8 primeros lugares una fórmula de personas con discapacidad a diputaciones plurinominales. La diputada Guadalupe Eguiluz Bautista propuso que fuera en los primeros 4 lugares y el diputado Juan Valenzo Villanueva que fuera entre los primeros 5, pero la Comisión de Justicia decidió que la propuesta del priista Alejandro Bravo Abarca de que fueran en los primeros 8 era la más acorde, decisión avalada por el pleno.
En su iniciativa, el diputado Juan Valenzo, quien padece discapacidad, expuso que los partidos han podido acceder a un máximo de 7 diputados plurinominales en su mejor elección, por lo que era necesario establecer que la acción afirmativa por discapacidad estuviera entre los 5 primeros registros.
Respecto a remuneraciones de consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y magistrados del Tribunal Electoral deberán tener un tope salarial no mayor al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
También se establece en la ley que el Consejo General del IEPC estará integrado con representación de pueblos afromexicanos e indígenas con derecho a voz y no a voto, y por otro lado, señala que el secretario ejecutivo del Instituto, por única ocasión, terminará su periodo en septiembre de 2027, para garantizar la operatividad del órgano en proceso electoral.
Discusión
La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, subió a tribuna para señalar que no estaba de acuerdo con que los 20 municipios que nunca han sido gobernados por mujeres se dividieron en 3 bloques. Consideró que debieron integrarse todos al siguiente proceso electoral.
“Me parece preocupante que esta legislatura reconozca de una deuda histórica de las mujeres y que la respuesta legislativa consiste en administrar gradualmente su corrección (…) si ya se reconoció que existen municipios donde nunca ha gobernado una mujer, la acción afirmativa debió alcanzar a todos”, señaló.
“La medida propuesta provoca que algunas mujeres tengan acceso a esta acción afirmativa en el proceso electoral 2026 2027 mientras que otras tendrán que esperar hasta 2029 y 2032 para que el estado genere exactamente las mismas condiciones. Esa diferencia de trato no acelera la igualdad sustantiva, la posterga”, agregó.
Luego, en una transmisión en redes sociales, señaló que hay un estudio del IEPC en el que se señala que son 33 municipios de Guerrero nunca gobernados por mujeres y no solo 20, como estableció la Comisión de Justicia que elaboró el dictamen.
Trascendió por versiones extraoficiales, que el desacuerdo de la diputada con dividir en 3 bloques a los 20 municipios era por un interés personal para garantizar una candidatura en el Ayuntamiento de Tlapa, en el próximo proceso electoral.
Por otro lado, el diputado Aristóteles Tito Arroyo, que fue el único que votó en contra del dictamen, señaló que hay una resistencia institucional para reconocer y garantizar los derechos de pueblos indígenas.
Una de las propuestas del diputado fue que los partidos postulen candidaturas indígenas o afromexicanas en los distritos o Ayuntamientos con 40% de población de este sector social, y que las candidaturas de personas indígenas o afros deberían recaer en quienes acrediten su origen por nacimiento y residencia de por lo menos 5 años.
Además, propuso que en los municipios con menos del 40% de población indígena o afromexicana los partidos postulen, en por lo menos, la mitad de dichos municipios candidaturas de origen indígena o afro cuya comprobación tendría que ser por auto adscripción calificada.
Sus propuestas fueron rechazados por la Comisión de Justicia que elaboró el dictamen bajo el argumento que, por un lado, trasgrede la Constitución federal en su artículo 37, y por otro, que debían respetar la supremacía constitucional al establecer que una persona puede acceder a candidaturas bajo la auto adscripción simple.
“Lo que proponemos es simple: que quienes representen a nuestros pueblos sean verdaderamente integrantes de nuestros pueblos, eso no vulnera la Constitución”, indicó el diputado.