Ángel Galeana/Chilpancingo
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero García, elaboró un proyecto en el que se declara inválida la Auditoría que ejecutó la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero al Ayuntamiento de Acapulco, encabezado entonces por Abelina López Rodríguez, sobre el ejercicio de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), en el ejercicio 2023.
El proyecto del ministro, que será discutido y votado ante el pleno en sesión del próximo 6 de julio, se establece que, como alegó el Ayuntamiento de Acapulco, la Auditoría Superior del Estado no tiene ninguna facultad para revisar, y mucho menos, imponer sanciones, por el ejercicio de recursos federales, que son competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
«Para este Tribunal Pleno los conceptos de invalidez del Municipio de Acapulco de Juárez son fundados, pues como se ha determinados en asuntos similares —como la controversia constitucional 248/2025—procesos de fiscalización como el impugnado transgreden el principio de fiscalización exclusiva de recursos federales por parte del Auditoría Superior de la Federación», indica el proyecto del ministro.
Cabe recordar que la ASE notificó al Ayuntamiento de Acapulco, el 28 de febrero del 2024, que le practicaría la auditoría de cumplimiento e Inversiones Físicas con número 2023-C-CIF-01-002-2024, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 en relación con la inversión física financiada con recursos del FAISMUN.
El gobierno de Acapulco se negó a entregar la información argumentando que no era facultad de la ASE. En ese tenor, el órgano fiscalizador emitió su informe individual de Auditoría que presentó ante el Congreso local en el que estableció el probable daño a la Hacienda Pública por 898 millones 633 mil pesos.
Posterior a ello, el 7 de abril del 2025, la ASE notificó al Ayuntamiento de Acapulco a través de un oficio que tendría 30 días para solventar las observaciones por los 898 millones de pesos del FAISMUN, bajo la advertencia de que, en caso de no presentae información le impondría una multa, y aplicaría sanciones conforme a leyes en la materia.
El Ayuntamiento de Acapulco presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte para dirimir el conflicto, y finalmente este martes se conoció el sentido del proyecto de la resolución.
El ministro Arístides Guerrero indica en sus consideraciones que son fundados los argumentos del Ayuntamiento de Acapulco en el sentido de que la ASE no es una instancia facultada para auditar recursos federales, como los del FAISMUN, que corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación, y advierte que la solicitud que hizo la ASE del ejercicio de recursos federales al gobierno de Acapulco trasgrede el orden constitucional.
«Ello es así pues se trata de actos por medio de los cuales la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, si bien ejerce sus facultades de supervisión y control sobre recursos que forman parte de la hacienda municipal, como los son aquellos derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), lo cierto es que estos siguen conservando su naturaleza federal, por lo que no pueden ser auditados por un órgano de fiscalización superior local como lo es la
autoridad demandada», detalla el proyecto.
La Auditoría estatal defendió que tiene facultades para revisar los recursos federales ejercidos por el gobierno de Acapulco con base a un convenio de colaboración firmado con la ASF; al respecto, el proyecto del ministro indica que el documento no tiene ninguna validez y que el órgano local actuó de manera unilateral.
«El convenio no da una habilitación incondicional para que la Auditoría del Estado revise las cuentas públicas de fondos federales ejercidos por los municipios. Por el contrario, el Convenio es expreso en señalar que la colaboración está sujeta a una petición expresa, acompañada de la aprobación de un anexo específico en el que se establezcan los alcances de la colaboración, los actos específicos que la Auditoría Superior de la
Federación requiera a la Auditoría local, así como las condiciones para su ejercicio».
También indica que «La Auditoría Superior del Estado no demostró haber recibido solicitud alguna de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). Por el contrario, justificó la decisión unilateral de llevar a cabo el procedimiento únicamente con fundamento en ese Convenio y, sin demostrar que hizo del conocimiento de la Auditoría Superior de la
Federación sobre el resultado de sus actividades».
El convenio que la ASE pretendia argumentar a su favor, terminó siendo el refuerzo para la sentencia del ministro, quien propone invalidar tanto la Auditoría realizada por el órgano local, así como el oficio por el que notificó al Ayuntamiento que tenía 30 días hábiles para subsanar las presuntas inconsistencias e iniciar procedimientos legales.
En la sentencia se propone dejar a salvo las facultades tanto de los órganos de
fiscalización como legislativos locales y federales para que, «en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan el pronunciamiento que corresponda en relación con la cuenta pública 2023 del Municipio de
Acapulco de Juárez, ello en términos de las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria».