Ángel Galeana/Chilpancingo
La Auditoría Superior del Estado a cargo de Marcos César París Peralta Hidalgo, señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al caso de los 898 millones de pesos que este órgano pretendió fiscalizar al gobierno de Abelina López Rodríguez, sin tener competencia para ello, no absolvió al Ayuntamiento de Acapulco sobre el destino y manejo de esos recursos, lo cual se sabía desde que se emitió la sentencia el pasado 6 de julio.
Luego de 7 días, la Auditoría Superior del Estado publicó un comunicado para definir dos conceptos sobre la resolución de la Corte: que solo se basó en definir competencia sobre la institución que está facultada para auditar recursos federales ejercidos por los ayuntamientos, y que no se pronuncia respecto a que si los 898 millones de pesos del FAISMUN fueron o no comprobados en su totalidad.
«Esta resolución no prejuzga sobre la existencia o inexistencia de irregularidades en el uso y aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el ejercicio fiscal 2023, de los cuales no se ocupó la sentencia protectora, lo que significa que la invalidez del Informe Individual de Auditoría y oficio no debe de interpretarse como un impedimento para que las autoridades fiscalizadoras, continúen ejerciendo sus actuaciones que resulten conducentes (…) ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió única exclusivamente competencia, Si. ¿Absolvió el destino y manejo de los recursos federales recibidos en el ejercicio fiscal 2023 al ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero? NO», remarca el comunicado.
Estos conceptos quedaron claros y establecidos tanto en el proyecto del ministro Arístides Guerrero, en la sesión de la Corte y en la sentencia, toda vez que la materia de la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Acapulco estaba fijada en que si la Auditoría Superior del Estado tenía o no facultades para auditar los recursos federales
El proyecto del ministro Arístides Guerrero es claro toda vez que deja a salvo las facultades tanto de los órganos de fiscalización como legislativos locales y federales para que, «en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan el pronunciamiento que corresponda en relación con la cuenta pública 2023 del Municipio de Acapulco de Juárez, ello en términos de las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria».
La ASE, no hizo ningún pronunciamiento en el comunicado publicado esta tarde respecto a cuáles fueron los razonamientos bajo los que actuó solicitando una auditoría al gobierno de Acapulco para la que no estaba facultada.
Tampoco se pronunció sobre la responsabilidad que acusan funcionarios del gobierno de Acapulco del auditor Marcos César París Peralta Hidalgo por ejercer funciones bajo la sospecha de actuar con el desconocimiento de las normas de fiscalización, por lo cual, pidieron al Congreso local que analicen su permanencia en el cargo.
De igual manera, omitió dar los detalles del convenio que tenía firmado con la Auditoría Superior de la Federación, bajo el que justificó hacer la Auditoría al gobierno de Acapulco por el ejericio fiscal 2023 del FAISMUN.
La semana pasada, la diputada de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, declaró que el auditor tendría que dar una explicación clara de su base para aplicar una auditoría sin tener competencia y deslindar el tema político del conflcito, sin embargo, la Auditoría subrayó que el gobierno que encabezó Abelina López no ha sido absuelto del ejercicio de los 898 millones de pesos.