Ángel Galeana/Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda señaló que en Guerrero «queremos piso parejo» para todas las expresiones políticas que participarán en el proceso electoral 2026-2027, y llamó a funcionarios a no destinar recursos públicos para intereses políticos.
Salgado Pineda asistió al arranque del programa Blindaje Electoral de la Fiscalía General del Estado en donde dio su mensaje por el inicio del proceso electoral que fue instalado ayer de manera formal por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al que no asistió.
Comentó que el proceso electoral requiere el compromiso y coordinación institucional que garantice las condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales con libertad, tranquilidad y certeza.
La gobernadora advirtió que todos los que tienen una responsabilidad pública deben ser imparciales y no destinar los recursos a intereses políticos. «Es un principio que debemos defender en este proceso, que ninguna persona sea presionada, sea condicionada o intimidada para ejercer sus derechos».
«Queremos que en Guerrero exista piso parejo para todos, que las expresiones políticas puedan participar en condiciones de igualdad y que sea únicamente el pueblo y solo el pueblo mediante su voto libre quien decida quiénes serán sus representantes», comentó.
Ayer, durante la instalación del proceso electoral, los dirigentes estatales de los partidos Movimiento Ciudadano y Somos, Gabriela Bernal Reséndiz y Ramón Sosamontes Herrera Moro, respectivamente, pidieron que hubiera piso parejo y que los gobiernos estatal y federal saquen las manos «negras y guindas» de las elecciones.
Respecto a las garantías de seguridad para el proceso electoral, la gobernadora dijo que trabajan en la mesa estatal de construcción de paz para que todo lo que implican las elecciones se realicen en paz y tranquilidad.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado advirtió que en el programa de Blindaje Electoral está presente la investigación y persecución penal, por lo que actuarán bajo un enfoque de legalidad para asegurar que ninguna conducta ilícita que vulnere las elecciones o los derechos político electorales quede impune.