Ángel Galeana/Chilpancingo
Con el voto en contra de la única diputada del PAN, el Congreso aprobó la cuenta pública 2024 de los 3 poderes del estado, órganos autónomos, fideicomisos y sector paraestatal, pese a que la Auditoría Superior del Estado detectó 2, 374 observaciones, de las cuales, no fueron atendidas 1,874 y hay más de 200 acciones contra los entes fiscalizables.
En la sesión de ayer martes se presentó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual fue aprobado por Morena, sus aliados del PVEM, PT, y los de oposición del PRI, PRD y MC. Sólo la representación panista votó en contra al denunciar que es «una burla» la rendición de cuentas expuesta.
Los diputados acordaron presentar, discutir y aprobar la Cuenta Pública 2024 por partes. En un primer dictamen, el votado ayer, se incluyen los 3 poderes del estado, los órganos autónomos, los organismos públicos descentralizados, fideicomisos y establecimientos públicos de bienestar social. En dictámenes posteriores se somentarán los acuerdos sobre municipios y el sector paramunicipal.
Para el primer bloque aprobado ayer se presentaron en el dictamen 48 auditorías para los 3 poderes del estado, órganos autónomos, establecimientos públicos de bienestar social, organismos públicos descentralizados, y fideicomisos. El universo total de este presupuesto fue de 54 mil 692 millones 639 mil 418 de pesos, de los cuales se auditó sólo el 13.16% como muestra, que equivalen a 7 mil 199 millones 842 pesos.
La Auditoría Superior del Estado detectó 2 mil 374 observaciones, de las cuales 1,874 no fueron atendidas por las dependencias, y sólo 500 tuvieron cumplimiento.
Llamó la atención que del porcentaje auditado, las dependencias del estado con más dinero en sus presupuestos son las que menos revisión tuvieron. La Secretaría de Educación, con un presupuesto total de 31 mil 432 millones de pesos fue auditada con sólo el 2.62%, que equivale a 824 millones 677 mil pesos; la Secretaría de Salud, con un total de 8 mil 28 millones de pesos, tuvo una revisión de 303 millones 167 mil pesos, que equivale al 3.78%.
De las dependencias que más recursos ejercieron del gobierno estatal, la Secretaría de Educación tuvo 24 observaciones, de las cuales sólo atendió 12. La Secretaría de Salud tuvo 8 observaciones, de las cuales sólo atendió una. La Secretaría de Finanzas tuvo 14 observaciones, de las cuales sólo atendió la mitad. Del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia tuvo 14 observaciones, pero atendió 12 y dejó 2 sin atender, y el Poder Legislativo tuvo 18 observaciones de las cuales atendió 11, y dejó 7 no atendidas.
De los organismos públicos descentralizados, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos fue el que tuvo más observaciones, sumando 20, de las cuales no atendió 12. La Universidad Intercultural del estado tuvo 16 observaciones, pero igualmente no atendió 12.
De los 7 órganos autónomos del estado, solo fue auditado el Instituto Electoral y de Participación Ciudana del Estado de Guerrero (IEPC) que tuvo 11 observaciones de las cuales 4 no fueron atendidas. De este grupo, no fueron auditadas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado.
El dictamen justifica que la fiscalización de las dependencias se basó en criterios técnicos tras un análisis que evaluó desempeño financiero, programático y presupuestal, tomando en cuenta la identificación de áreas de riesgo y los antecedentes de su última revisión. Con este argumento legal, el órgano fiscalizador fundamentó el alcance de las muestras aplicadas.
Derivado de la falta de atención a las observaciones que detectó la Auditoría del Estado, esta dependencia promovió 270 acciones relacionadas con recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Por ejemplo, la Secretaría de Educación Guerrero recibió 4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, la Secretaría de Salud 5, la Secretaría del Trabajo 6, la Escuela de Parteras Profesionales 7, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 9, entre otros, aunque no se especifican los detalles de cada acción.
De las 48 auditorías practicadas a dependencias, solo 7 tuvieron calificación deficiente y opaca en el ejercicio de los recursos públicos pese al contraste de más de 1,874 solventaciones no atendidas: La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, el Consejo Estatal del Café, la Escuela de Parteras Profesionales, el Instituto Estatal de Oftalmología, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, la Universidad Intercultural y la Universidad Tecnológica región Norte.
La aprobación de la Cuenta Pública no absuelve responsabilidades
El dictamen de la Cuenta Pública establece que constituye una evaluación sobre la gestión financiera de los entes fiscalizados, sin que su aprobación sea una declaración de absolución, exención, liberación o extinción de responsabilidades administrativas, civiles, penales o resarcitorias en que hayan incurrido los servidores públicos, si existieran posteriormente a la aprobación.
Precisa que permanecen intactas las facultades de la Auditoría del Estado y otras autoridades para fincar las responsabilidades a las que haya lugar, en caso de ser necesario.
El presidente de la Comisión que elaboró el dictamen, Joaquín Badillo Escamilla, dijo en tribuna que «si bien se identificaron observaciones menores y recomendaciones de carácter administrativo el algunos rubros, estas no representen un menoscabo significativo al patrimonio público, ni impiden la aprobación general de la cuenta pública, y los entes se encuentran en proceso de solventación o corrección».
La diputada panista Irene Montiel Servín, señaló que la aprobación de la cuenta pública en los términos que se presentó es un cheque en blanco y la calificó como una burla por los bajos montos revisados a las dependencias que más dinero ejercieron, y por las 1,874 observaciones no atendidas. Recordó que tampoco aprobó la cuenta pública 2023, la cual tenía 1,712 observaciones sin solventar, y la 2024 tiene 162 más, «es decir, cada vez hay más irregularidades en el manejo del recurso público y no pasa nada».