Vanessa Cuevas /Chilpancingo, Gro
La magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE) Alma Delia Eugenio Alcaraz consideró necesario y urgente tener un marco jurídico protector para los derechos humanos de las mujeres, principalmente ante el próximo proceso electoral, luego de que podría intensificarse la violencia en contra las féminas.
En entrevista, la magistrada electoral indicó que aunque ya se han presentado iniciativas en el Congreso local estas tendrán que conjuntarse de manera urgente, ya que advirtió que se corre el riesgo de que se den actos ya sea “por acción u omisión” que van afectar los derechos políticos y después electorales de las mujeres ante el proceso electoral del 2021, luego de que en Guerrero aún no se ha regulado la violencia política de en razón de género.
“Este 2020 es el año de la elección con paridad, entonces vamos con paridad en todos los cargos electivos con la implementación de la paridad en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero basándonos en lo electoral, toda vez que habrá mucha competencia en cuanto a que los cargos tendrán que ser 50 por ciento para hombre y 50 por ciento para mujeres, podría intensificarse la violencia en contra de ellas, por ello se requiere de un marco jurídico que las proteja”, dijo la magistrada.
Eugenio Alcaraz señaló que es urgente que se tenga una regulación en el estado, luego de que la Cámaras de Diputados la aprobó a nivel nacional, y solo hace falta el aval del Senado para que se tenga a nivel nacional, por lo que se dijo confiada que este año también se pueda aprobar en Guerrero.
La magistrada puntualizó que los tiempos apremian en el estado por lo que es urgente dar certeza a las mujeres para que a la par de todas las medidas en cuanto a su acceso y permanencia también tengan normas que les protejan.
“Nosotros regularmente pensamos que lo electoral empieza con el inicio del proceso, pero internamente en los partidos políticos, el proceso inicia desde mucho antes para ellos, desde este momento ya hay mucha efervescencia de saber quien quiere o no quiere ser candidata o candidato, y desde este momento ya hay intereses de quien pueda llegar o no pueda llegar, a quien se le permite o a quien no se le permite, por ello necesitamos como mujeres un marco legal que realice esta protección hacia las mujeres”, señaló la magistrada.
Para la magistrada electoral, la violencia en contra de las mujeres inicia al interior de sus propios partidos cuando no ejercen a su favor los recursos para su capacitación y formación política; cuando les impiden su acceso a las precandidaturas y candidaturas; cuando realizan una distribución inequitativa de los recursos para campaña o simplemente no se los otorgan, que continúa cuando en el transcurso de la campaña reciben agresiones verbales estereotípicas y la descalificación de sus propuestas, que se traslada en actos y omisiones que obstaculizan el ejercicio de su encargo, con miras a separarlas del mismo y que culminan a veces, hasta con la muerte violenta de ellas o de sus familiares o colaboradores.
Asimismo puntualizó que para hacer valida la reforma de violencia política en razón de género esta tendrá que publicarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral, de lo contrario no habrá garantías paras las mujeres.
“Toda reforma que cambie los reglas del proceso electoral, tiene que expedirse 90 días antes de que inicie el mismo, por lo que sí el proceso inicia la primera semana de septiembre de este año, tendrá que haber una reforma aprobada y publicada 90 antes de la elección, de lo contrario no se tendrá la garantía de protección real a las mujeres en el proceso electoral”, señaló Eugenio Alcaraz.
Por lo que consideró urgente legislar con un enfoque integral y homologar conceptos, se necesitan establecer los tipos de responsabilidad (administrativa, electoral y penal) que genera la violencia política en razón de género, prevenirla y atenderla, definir competencias y principios de actuación de las autoridades y establecer sanciones para los responsables.
En el Congreso local han sido presentadas tres iniciativas enfocadas al tema de la violencia política en razón de genero propuestas por los diputados Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Erika Valencia y Mariana García Guillen.