Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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El 19 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, el paso siguiente lo es que la Cámara de Diputados la revise y apruebe, lo que sin duda así sucederá, ante el control que prevalece del partido en el poder.
El antecedente está en la solicitud que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de la Unión para regular el uso y consumo del cannabis (marihuana), y a petición de la Cámara de Diputados, se autorizó una prórroga ya que el 15 de diciembre se vencía el plazo para aprobar la legislación en la materia, y ahora tendrán hasta el 30 de abril de 2021, para que los diputados discutan y en su caso aprueben el dictamen que les turnó el Senado.
Ya en el mundo tenemos varios antecedentes donde se ha legalizado el uso de la marihuana, y ahora corresponde a nuestro país ese debate, al grado de que, en el 2018 la SCJN sentó jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de su consumo recreativo, criterio análogo al tomado por la legislación de Uruguay y Canadá.
La tendencia mundial es ir eliminando la criminalización del consumo, para pasar a un enfoque de salud con perspectiva de derechos humanos, al privilegiar la libertad de las personas, bajo la premisa de que su penalización no ha dado resultados para combatir la problemática de la adicción y el problema social de su producción y venta.
En nuestro país hay una media docena de estados que la producen, entre los que se encuentran Guerrero, y su perspectiva económica puede mejorar con la implementación de esa ley federal; de ahí que resulte un tema que atañe a los guerrerenses, pues un gran número de personas ante la falta de oportunidades de desarrollo, se dedican a la siembra de marihuana para subsistir; así, en días pasados el Gobernador del estado sostuvo que una alternativa importante para los campesinos que siembran amapola, -yo diría que también para los productores de la marihuana-, es el programa del gobierno federal Sembrando Vida, del que insistirá se siga invirtiendo en los lugares donde se siembre amapola.
De igual manera en esta semana a pregunta expresa sobre la destrucción de plantíos de amapola por el Ejército en Guerrero, el presidente de la República en su acostumbrada mañanera señaló que el gobierno federal cuenta con el programa de apoyo al campo, que tiene como objetivo el brindar apoyo directo a los campesinos, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios para sustituir la siembra de marihuana y amapola por maíz, frijol, árboles frutales o maderables; que con el programa Sembrando Vida se apoya mes con mes a cuatrocientos mil sembradores en todo el país, que en el caso de Guerrero ciertamente la gente siembra amapola o marihuana porque no hay otras opciones, y para bien de los guerrerenses refirió que ampliará ese programa y así lo verá con el secretario de agricultura y el propio de la de bienestar, lo que esperemos sea una realidad.
Esa pretendida ley que se comenta, tiene por objeto la regulación del uso del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible, “en aras de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos” (sic), prevenir y combatir las consecuencias de su consumo y contribuir a la reducción del índice delictivo vinculado con el narcotráfico, fomentar la paz, la seguridad y el bienestar individual y de las comunidades.
De aprobarse, será de suma importancia la incorporación de los pueblos organizados que tradicionalmente han producido la marihuana y brindarles apoyo para recatarlos de atraso ancestral que han sufrido, y no sean avasallados por las grandes empresas nacionales e internacionales que incursionen en el mercado que se vislumbra atractivo.
Así con la puesta en marcha de esa pretendida ley, todas las personas mayores de dieciocho años, en pleno ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, tendrán derecho a decidir si consumen cannabis, pero ya con la intervención del Estado para su regulación y para proteger la salud pública, incluida la información sobre sus efectos nocivos, prevenir su consumo y su adicción, para la protección de los derechos humanos.
Hay más tópicos que aborda ese Dictamen del Senado, como el relativo a la eliminación de la prohibición de su portación en una cantidad de gramos aún polémica; ya contempla la producción de cannabis para uso personal y permite sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar plantas, siempre que se cumplan con los requisitos ahí previstos; pero estimo que me estoy adelantando, porque aún no está aprobada la ley por la Cámara de Diputados y puede sufrir cambios o incluso, como se dice en el argot legislativo, puede pasar a “la congeladora”, así que me reservo más comentarios hasta que culmine ese proceso legislativo; pero el debate ya está abierto.