Ańgel Galeana/Chilpancingo
El Congreso local aprobó la reforma al Poder Judicial del Estado para armonizar la Constitución local con la federal, con la que se establece que jueces y magistrados serán electos a través del voto popular a partir del 2027, se crean dos nuevos órganos con la extinción del Consejo de la Judicatura y establece que los haberes de retiro de jueces y magistrados actuales será en base al tiempo de su desempeño. En un artículo transitorio se señala que en ningún caso los heberes de retiro tendrán el carácter de vitalicios.
La reforma enviada por la gobernadora Evelyn Salgado fue aprobada con 35 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Llamó la atención que un voto en contra y la abstención fueron de diputados de Morena, quienes se manifestaron en contra por la discriminación a los pueblos indígenas y afromexicanos y por las altas prestaciones que reciben los jueces y magistrados.
Uno de los temas más controversiales de la reforma son los haberes de retiro para jueces y magistrados, toda vez que se les quitó la prestación de forma vitalicia para transformarse en términos de los años de trabajo prestados al Poder Judicial. En el artículo 11 transitorio se establece que «en ningún caso el haber de retiro tendrá carácter vitalicio».
Los jueces y magistrados actuales que renuncien con efectos a agosto del 2027, concluyan su cargo y no decidan postularse a la elección, tendrán un haber de retiro «proporcional al tiempo de su desempeño».
El referido artículo transitorio establece: «El haber de retiro será de acuerdo a la establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás leyes aplicables al momento de que surta efectos la renuncia, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ningún caso el haber de retiro tendrá tendrá carácter vitalicio».
Para el caso de jueces y magistrados actuales que decidan postularse al proceso electoral del 2027 y no resulten electos, recibirán un único pago equivalente a 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
La presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales, que fue la que elaboró el dictamen de la reforma, Citlali Calixto Jiménez, explicó que se fija un tope de remuneración para los magistrados y jueces en su haber de retiro en términos de que no podrán ser mayores a los de la presidenta de la República o de la Gobernadora estatal; es decir, se reduce el monto económico para jueces y magistrados y se elimina el carácter vitalicio.
La temporalidad y la cantidad del monto que recibirán seŕá particular para cada caso, explicó la diputada, toda vez que cada magistrado o juez entró al Poder Judicial en condiciones y tiempos distintos. Dicho monto y temporalidad será establecido por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, tras una revisión con los integrantes del Poder Judicial.
Calixto Jiménez indicó que la reforma aprobada tuvo algunos cambios sustanciales con respecto al planteamiento en la iniciativa presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Uno de ellos es que las elecciones de jueces no sólo serán estatales, sino también distritales, lo que implica que no haya un margen de movimiento geográfico importante de los funcionarios electos. Y es que como se planteó la inicativa, un juez podía ser movido de un distrito judicial a otro, pero no representaría a la población que lo eligió a través del voto.
Otros de las cambios fue que los presidentes del Tribunal Superior de Justicia serán definidos por los votos que obtuvieron, y no serán electos entre ellos de manera interna, y se establecerán criterios de paridad de género.
Con la reforma aprobada se elimina el Consejo de la Judicatura y se crea el Tribunal de Disciplina Financiera y el Órgano de Administración Judicial. «La creación de estos órganos garantizará que el Poder Judicial opere de manera eficiente y compila sus atribuciones sin obstáculos».
La reforma fue votada en contra por los diputados del PRI, la diputada del PAN y el diputado Aristóteles Tito Arroyo de Morena. La diputada Diana Bernabé, de Morena, se abstuvo y presentó una reserva.
El diputado Aristóteles Tito Arroyo dijo en Tribuna que no se reconoce en la reforma la jurisdicción indígena interna de autoridades comunitarias, los sistemas normativos de los pueblos y comunidades, no reconoce el pluralismo jurídico y no existe la justicia para los más pobres del estado. Dijo que se violenta el artículo 2 de la Constitucion, tratados internacionales y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, por lo que la reforma es discriminatoria y racista.
La diputada Morenista, Diana Bernabé propuso una reserva particular al artículo 11 transitorio con la finalidad de que jueces y magistrados tuvieran su haber de retiro en base a un tabulador igual al de otras profesiones como médicos o maestros, la cual fue rechazada.