Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso del estado aprobó en sesión de este miércoles la minuta de reforma constitucional en materia de feminicidio, con la cual se faculta al Congreso federal a expedir una ley general en la materia.
La minuta reforma el inciso a, de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución federal fue aprobada por unanimidad de los 38 votos favor presentes en la sesión para este punto.
Con la reforma se agrega el delito de feminicidio y queda de la siguiente manera: es facultad del Congreso expedir «las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral».
Una vez aprobada por la mayoría de los Congresos del país, el Congreso federal tendrá 180 días para expedir la ley general en materia de feminicidio.
Esta iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca dar uniformidad al marco legal en todo el país para sancionar el feminicidio.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, cada grupo parlamentario fundamentó su voto a favor de la reforma, sin que se registrara un debate entre los diputados.
La diputada de Morena, Citlali Calixto Jiménez, encargada de fundamentar el dictamen, señaló que la reforma responde a una necesidad urgente de garantizar prevención, justicia y no repetición, además que se podrán limitar los beneficios procesales que actualmente permiten a los agresores evadir la justicia o enfrentar procesos que no corresponden a la gravedad del daño.
Reconoció que «una reforma constitucional por sí sola no resolverá el problema. Debe ir acompañada de políticas públicas integrales, fortalecimiento de fiscalías especializadas, capacitación con perspectiva de género para policías y jueces, protección efectiva para víctimas y mecanismos de prevención desde lo comunitario y lo educativo»
La diputada de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, consideró urgente transitar de medidas reactivas a políticas públicas de Estado de carácter vinculante.
Señaló que de cada 2 mil feminicidios 839 fueron de menores de 17 años, y que, en 2024, México fue el segundo ligar por feminicdios en América Latina. En el caso de Guerrero expuso que, según datos de organizaciones que acompañan a las víctimas, 2025 cerró con 113 feminicidios. Solo en la región Montaña se documentaron 83 casos en los últimos 5 años, pero las autoridades solo reconocen 16, «no es un error, es abandono, es impunidad y también mata».
La diputada panista, Irene Montiel Servín, expuso que en México se cometieron 732 feminicidios en 2025, y solo en 1 o 2 casos hay justicia, lo cual «es consecuencia de malas decisiones.
«El régimen pretende presentar la reforma como solución pero el gobierno ha fallado en proteger a las mujeres (…) ha tenido mayoría, ha tenido poder, ha tenido presupuesto y aún así no ha logrado garantizar seguridad para las mujeres. Esta reforma llega tarde y se queda muy corta porque no enfrenta el problema de fondo: la impunidad, la ineficiencia institucional y la falta de resultados», indicó.
Guerrero se suma a otros estados, al menos 12, que han aprobado la reforma constitucional.