Alberto Gómez/Chilpancingo
Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, padres de los 43, activistas y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) se movilizaron este viernes en Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato del dirigente social Marco Antonio Suástegui Muñoz, al cumplirse un año de su homicidio.
La protesta comenzó en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, sobre la avenida Insurgentes, desde donde los manifestantes avanzaron en marcha hacia el sur de la ciudad con pancartas, lonas y consignas para exigir el esclarecimiento del crimen.
Durante el recorrido, denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha presentado resultados concretos sobre las investigaciones, pese al tiempo transcurrido desde el asesinato del histórico opositor a la presa La Parota.
Señalaron que la falta de detenidos y la ausencia de información oficial reflejan un escenario de impunidad que mantiene en incertidumbre a la familia y a las organizaciones que acompañaron la lucha de Suástegui.
Melitón Ortega, vocero del colectivo Nos Faltan 43, recordó que además del asesinato de Marco Antonio, la familia continúa enfrentando la desaparición de su hermano Vicente Suástegui Muñoz, ocurrida en agosto de 2021 en Acapulco.
Sostuvo que ambos casos representan una deuda de justicia para el estado y acusó que las autoridades no han mostrado voluntad real para esclarecer los hechos ni garantizar verdad para las víctimas.
En tanto, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que Marco Suástegui fue uno de los principales defensores del territorio en Guerrero y lamentó que su asesinato permanezca sin castigo.
Criticó que no se conozcan avances sustanciales en la carpeta de investigación, ni se hayan informado órdenes de aprehensión o procesos judiciales contra posibles responsables.
Además, denunció que la familia del dirigente y miembros del CECOP han enfrentado dificultades para acceder a información oficial del caso, así como falta de acompañamiento institucional.
Los manifestantes advirtieron que la impunidad en este crimen envía un mensaje de vulnerabilidad para quienes encabezan luchas sociales y defienden los derechos de sus comunidades en Guerrero.