Ángel Galeana/Chilpancingo
El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, se sumó a los reclamos de los 9 alcaldes de la región Centro y Montaña que el pasado sábado anunciaron su salida de la mesa regional de seguridad con sede en Chilpancingo. Denunció que en las mesas de coordinación de paz se firma acuerdos que no se cumplen.
Alarcón Herrera publicó un comunicado en el que calificó como inaceptable «lo sucedido con los municipios de la Montaña Alta y Baja, y con presidentas y presidentes municipales que han exigido atención» y defendió que no se puede criminalizar a comunidades por alzar la voz y pedir seguridad.
«Quienes hoy exigimos seguridad somos autoridades electas que debemos responderle a nuestra gente. Reducir la problemática de Guerrero a nueve municipios o a un puñado de alcaldes es una forma de evadir responsabilidades. Este flagelo no es de una región aislada; es un problema grave que afecta a gran parte de nuestro estado y el país», indicó.
Gustavo Alarcón denunció que los acuerdos que se firman en las mesas de coordinación «luego no se cumplen».
«Hemos manifestado en reiteradas ocasiones que existe una brecha profunda entre lo que se acuerda y lo que realmente se implementa en el territorio. Esa brecha no es un mero accidente: es el resultado de decisiones políticas que ponen por delante cálculos personales y disputas internas, y no la seguridad de la población».
La crítica de Alarcón Herrera a la operatividad de las mesas de coordinación son en el mismo sentido de los alcaldes Micaela Manzano Martínez de José Joaquín de Herrera, David Astudillo Morales de Quechultenango, Areli Ramos Decena, Ángel Aguilar Romero de Acatepec, Alberto Michi Campos de Tixtla, Pedro Ojeda Reyes de Ahuacuotzingo, Gerardo Mosso López de Mochitlán, Jesús Vázquez García de Mártir de Cuilapan, y Guillermo Matías Barrón de Atlixtac. Según los mapas de seguridad de autoridades, toda esta región tiene alta presencia y control del grupo delictivo de Los Ardillos.
El alcalde capitalino acusó que el subsecretario de Desarrollo Político y Social estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien es el operador político de la administración, «ha negado de manera reiterada la dimensión real de los problemas y ha priorizado dichos cálculos políticos por encima del bienestar de los guerrerenses. Cuando minimiza los desplazamientos, cuestiona a las víctimas o regatea el apoyo a los municipios, lo que hace es desamparar a la ciudadanía y proteger al gobierno».
Alarcón Herrera remató su comunicado señalando que gobernar es enfrentar los problemas, y no estigmatizar a quienes los denuncian.