Ángel Galeana/Chilpancingo
Con los votos en contra del PRI y del PAN, el Congreso local aprobó las minutas de reforma constitucionales en material del Poder Judicial y de nulidad de elecciones por intervención extranjera, enviadas por el Congreso de la Unión a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El Congreso sesionó este viernes para aprobar en «fast track» las reformas promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin discusión y con sólo con un posicionamiento por cada representación parlamentaria, el legislativo local cumplió con el trámite constitucional para validar las dos nuevas reformas constitucionales.
Con la reforma en materia de Poder Judicial, que obtuvo 34 votos a favor y 7 en contra, se modifica la fecha para la elección judicial que estaba programada para el 2027, y se cambia para el 4 de junio del 2028, se crea la comisión coordinadora para homologar las metodologías y criterios de evaluación de los Comité de Evaluación de los 3 Poderes del Estado. Los comités de cada poder elegirán a su coordinación, se reduce a 4 el número de candidatos para facilitar la elección con la simplificación de la boleta electoral y obliga a jueces y magistrados a capacitación constante.
La diputada panista, Irene Montiel, criticó que la reforma no busca justicia, sino mayor control para proteger a narcogobernadores, narcofuncinoarios, y perseguir a los opositores como al a gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Apuntó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es actualmente una programa de comedia que avergüenza a México a nivel nacional por la serie de errores que han cometido desde la instalación de los primeros ministros electos a través de urnas.
La priista Beatriz Vélez señaló que la reforma no significa una adecuada técnica al sistema de justicia, sino un nuevo episodio de concentración política del poder bajo el argumento de la transformación institucional. «Lejos de corregir las fallas de origen de la reforma judicial de 2024, esta reforma profundiza la incertidumbre jurídica, debilita la división de poderes y coloca al Poder Judicial en la condición de vulnerabilidad frente a mayorías políticas».
Por Morena, el diputado Pablo Amilcar Sandoval acusó que la autonomía no existía con el «viejo Poder Judicial» que era propuesto por el Presidente y electo por la mayoría que tenía el partido del Presidente en el Senado, a eso le llaman autonomía, a que, los que venían pre seleccionados, palomeados, en el Senado se sabía desde el principio a quien iban a elegir y ese sistema se terminó».
Apuntó que la mitad de las sentencias «antes de la nueva era» estaban relacionadas con asuntos fiscales «para devolverles dinero a los más poderosos», como al político y abogado Diego Fernández de Ceballos que, dijo, ganó grandes «tajadas» de dinero litigando contra el Estado Mexicano.
La otra otra minuta aprobada por el Congreso fue la reforma en materia de nulidad de elecciones por intervención extranjera, en la cual también el PRI y el PAN votaron en contra.
En la presentación del dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la morenista Citlali Calixto Jiménez, argumentó que cuando intereses externos, gubernamentales, económicos, tecnológicos o criminales interfieren en las elecciones, se altera la competencia política y se vulnera la soberanía nacional, «por ello la reforma de causal de nulidad de elecciones es un paso indispensable para fortalecer instituciones democráticas y blindar la autodeterminación del Estado Mexicano.
La panista Irene Montel criticó que la reforma no está diseñada para la protección de la soberanía nacional, sino que dota «al régimen» de un mecanismo de control absoluto de una coartada legal para anular cualquier elección en la que la ciudadanía decida castigar a las urnas a Morena.
«El mayor agravio de la minuta es el silencio institucional ante la única intervención que destruye la democracia: la intervención del crimen organizado. Mientras el régimen se inventa conspiraciones de ingerencia extranjera ante la crítica de medios, guarda complicidad pasiva ante la realidad en la sierra y regiones de Guerrero, donde quien gobierna, impone precios, decide candidaturas y restringe la realidad de vivir, no es la injerencia extranjera, sino el crimen organizado», criticó.
La reforma obtuvo 30 votos a favor y 8 en contra, por lo que fue aprobada y cumplió el trámite constitucional para validar la modificación.