Por: Redacción
09-05-19 Chilpancingo, Gro.- La diputada local de Morena, Mariana García Guillén, presentó una iniciativa de reforma con la que pretende legislar para atender y prevenir el delito de trata de personas en Guerrero, pues advirtió que en los últimos dos años el estado pasó del lugar 24 al 14 a nivel nacional en ese delito.
La propuesta fue llevada ante el pleno el martes y se turnó a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.
En su exposición de motivos, la legisladora expresó que la trata de personas es una violación a los derechos humanos vigente y que a nivel internacional es considerado un problema grave, pues se trata del tercer negocio ilícito más lucrativo luego del tráfico de drogas y armas.
“Niños, niñas, mujeres, jóvenes en extrema pobreza, indígenas, adultos mayores e inmigrantes indocumentados, son grupos vulnerables que corren peligro de ser víctimas de la trata, ello aunado a los pocos esfuerzos de autoridades de todos los niveles, la pobreza y la corrupción, lo que somete a la población en situación de vulnerabilidad a un mayor riesgo de ser víctimas de este delito”.
Indicó que México no sólo es lugar de origen de trata, sino también de tránsito y destino, y para erradicar ese delito consideró necesario el trabajo conjunto de los tres poderes y niveles de gobierno.
Recordó que el artículo 3 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece que las autoridades estatales y municipales, dentro de sus responsabilidades, establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, deberán desarrollar políticas públicas, mecanismos, programas y acciones para prevenir y erradicar la trata de personas.
García Guillén indicó que Guerrero forma parte de los estados donde existe la captación de mujeres y niñas.
Refirió que en el 2017 el estado ocupaba el lugar 24 en el ranking a nivel nacional por el delito de trata, pero en 2018 pasó al lugar 14, presentando un aumento en la tasa del 267 por ciento.
Ante ello, presentó una iniciativa de decreto con la que pretende incorporar como obligación de las autoridades municipales la generación de programas de sensibilización y capacitación para la sociedad en general, con la finalidad de visibilizar el delito de trata de personas, sus consecuencias, así como la prevención y denuncia de los hechos que puedan constituir los delitos previstos en la Ley.
Su propuesta establece también adicionar un artículo a esa Ley, para que las autoridades estatales y municipales emprendan acciones preventivas en zonas y para grupos de alta vulnerabilidad de mayor incidencia.