Vanessa Cueva
Chilpancingo, Gro; 16-julio-2019
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez dio a conocer que hasta el momento no se tiene un consenso para la designación del Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero.
Indicó que una vez que se lleve el tema al pleno se llegará con acuerdos de los diferentes grupos parlamentarios y representaciones de partido para que pueda ser aprobado.
“Estamos viendo en la Jucopo de qué manera salimos de ese pendiente que tenemos, todavía no lo hemos logrado, recordemos que ese tema, para que podamos salir adelante, tenemos que tener las dos terceras partes de la votación (31 votos)”, dijo el diputado.
En entrevista tras concluir la sesión del periodo de receso, el también coordinador de Morena indicó que se están definiendo los criterios para llevar a cabo la designación del Consejero de la Judicatura, ya que la Jucopo es la encargada de recibir, cotejar, revisar e integrar los expedientes, y formular la propuesta correspondiente.
Señaló que el periodo de receso que tendrán del 17 de julio al 07 de agosto, les va a permitir hacer la planeación correspondiente para concluir el proceso que tienen pendiente.
Este martes integrantes del Foro Guerrerense de Abogados, hicieron un llamado a los diputados locales integrantes de la Jucopo, para que ya designen al consejero de la Judicatura del estado, luego de que desde el pasado 3 de abril el Poder Legislativo publicó la convocatoria para seleccionar al consejero de la Judicatura donde se registraron 27 aspirantes.
Los candidatos acudieron al Congreso local del 6 al 8 de mayo fechas en las que se llevaron a cabo las entrevistas a cada uno de ellos para exponer su plan de trabajo, y hasta el momento la Jucopo no ha realizado la propuesta de quién ocupara ese cargo.
Entre las funciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, están las de proponer, previo dictamen, el nombramiento de jueces al Tribunal Superior de Justicia; adscribir, suspender y remover jueces y demás personal jurisdiccional, conforme al procedimiento establecido en su Ley Orgánica; implementar programas para la capacitación, actualización, especialización, certificación, desarrollo y profesionalización permanentes de los servidores públicos, entre otras.