Ángel Galeana
Chilpancingo, Gro. 24-Julio-2019.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 43/2019 en contra de la Fiscalía General de Guerrero y la Fiscalía General de la República por la muerte del abogado Aquiles Márquez Santoyo, ocurrida el 24 de febrero de 2014 en Acapulco, debido al «uso excesivo de la fuerza».
El organismo publicó la recomendación debido a que el abogado murió tras un enfrentamiento armado entre policías federales ministeriales y policías ministeriales del estado.
Según la versión de un testigo que consta en la averiguación de la CNDH, el abogado fue asesinado durante un tiroteo que protagonizaron siete elementos de la Policía Ministerial del Estado y cuatro de la Policía Federal Ministerial.
Por la versión de familiares de la víctima se sabe que los policías federales eran escoltas del entonces magistrado Rutilio Guevara Clavel.
Según el testigo, la noche de los hechos, en la calle Coahuila de la Colonia Progreso, elementos de la Policía Ministerial llegaron hasta el lugar e inició el enfrentamiento con policías federales. El abogado Márquez estaba en su camioneta, y al verse en el fuego cruzado bajó para ponerse a salvo, pero recibió disparos que lo mataron.
Tres días después, los familiares presentaron la queja ante la CNDH, quien tras más de cinco años de investigación, determinó una serie de recomendaciones para las Fiscalías Federal y Estatal, y reparación del daño a víctimas indirectas.
La CNDH concluyó que ninguno de los policías tenían uniformes o vehículos que los distinguieran como personal oficial.
«La persona falleció a consecuencia del uso excesivo de la fuerza derivado de un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal Ministerial y Policía Estatal Ministerial, quienes no recurrieron a otros medios a su alcance antes de accionar sus armas de fuego»
«Ambas autoridades no valoraron la gravedad de su actuar al dispararse entre ellos», determinó el organismo.
Además, cada corporación inició su propia investigación y omitieron ordenar la preservación del lugar de los hechos y la recolección de todos los indicios, lo que derivó en duplicidad de diligencias y pérdida de evidencias.
Por tanto, la CNDH recomendó a la Fiscalía de Guerrero continuar con la integración de la averiguación previa iniciada por las posibles violaciones a los Derechos Humanos en agravio de la víctima, y colaborar en la queja que se presente ante el órgano interno de control de la dependencia.
También, capacitar en Derechos Humanos a los elementos de la Policía Ministerial adscrita a la Coordinación de Recuperación de robo de Vehículos de Acapulco, y capacitar al Ministerio Público del distrito de Tabares en la integración de indagatorias.
A la Fiscalía General de la República le recomendó continuar con la averiguación previa iniciada por el homicidio del abogado, capacitar a policías ministeriales adscritos a la dirección de servicios especiales y protección a personas, en materia de Derechos Humanos.
También, capacitar a agentes del Ministerio Público adscritos en la delegación de Guerrero y a la dirección general de delitos cometidos por Servidores Públicos de la Visitaduría General en la integración de indagatorias.
Para las víctimas indirectas, la CNDH recomendó al Fiscal del estado Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y al de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Gertz Manero que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y su similar en el estado, dar atención psicológica, tanatológica e indemnización.
Además de inscribirlas en el Registro Nacional y Registro Estatal de Víctimas
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