Ángel Galeana
Chilpancingo, Gro. 29-Julio-2019.
Guerrero fue el estado del país donde más personas tuvieron que abandonar sus lugares de residencia debido a conflictos relacionados con la violencia en 2018, superando a entidades como Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, según el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El reporte, que se difundió a principios del mes pasado, radica los episodios de desplazamiento forzado masivo en los estados. El año pasado en Guerrero tuvieron que abandonar sus hogares 5 mil 56 personas, seguido de Chiapas con 5 mil 35 personas, Sinaloa con 860 personas, Oaxaca con 300 personas, y Michoacán con 240 personas.
Según la Comisión, en Guerrero resultaron afectados los pobladores de 22 localidades, pertenecientes a ocho municipios que fueron agredidos por grupos delictivos, registrándose 13 episodios de movilidad masiva forzada.
San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán, y La Unión fueron los municipios en donde habitantes se fueron de sus comunidades por hechos de violencia protagonizados por grupos delictivos.
Guerrero representa el 44 por ciento de la población que se desplazó de manera forzada en el país el año pasado, y Chiapas, que se ubica en segundo lugar, representa el 43.82 por ciento. Solo en estas dos entidades se concentra el 87.82 por ciento del total de las 11 mil 491 víctimas que contabilizó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La Comisión explicó que para el informe consideró episodios de desplazamiento interno masivo a aquellos grupos en los que se tuvieron que mover un mínimo de 10 familias, o 50 personas.
“Este ejercicio se enfoca exclusivamente en los episodios de desplazamiento interno forzado masivo causado por violencia, de manera que no se consideran desplazamientos naturales, por ejemplo”.
Los desplazados:
El mayor desplazamiento de personas ocurrió en el municipio de Leonardo Bravo el 11 de noviembre del 2018. Un total de 2 mil personas abandonaron comunidades de Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, El Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco.
Estas familias huyeron tras la irrupción de alrededor de 3 mil hombres armados del Frente de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero, quienes en pocos días se apoderaron de toda la región que era controlada por el Cártel del Sur, según el argumento que los orilló a tomar el control de la zona tras horas de balaceras.
La Comisión registró que las personas desplazadas se establecieron en Chichihualco, Iguala, Chilpancingo, y Cuernavaca, principalmente. Su intento de retorno registrado el 17 de noviembre fue en vano, pues la caravana que era resguardada por el Ejército y elementos de la Policía del Estado fue atacada a balazos cuando cruzaban por la comunidad de Los Morros.
Además, se registraron 12 desplazamientos más que se detallan a continuación:
El 10 de abril del 2018 un grupo de 92 personas abandonó sus hogares en las comunidades de Laguna de Hueyanalco, San Bartolo y Jimotla, del municipio de San Miguel Totolapan, debido a la violencia provocada por los grupos delictivos de la Familia Michoacana y Los Tequileros. Los desplazados se refugiaron en el municipio de Atoyac de Álvarez.
El 17 de julio otro grupo de 131 personas originarias de la comunidad de Las Ventanas, en San Miguel Totolapan, abandonó sus hogares, y se trasladó también a Atoyac. A la fecha de publicación del reporte no se registró el regreso a sus comunidades.
“Los habitantes de Las Ventanas, familias de ganaderos y agricultores, ya no podían salir libremente a sus casas por el temor de ser baleados por los grupos del crimen organizado. De acuerdo con testimonios, a las familias cada vez les era más difícil salir a trabajar debido a los ataques con balaceras, a los que también estaban expuestos mujeres y menores de edad”, se lee en el reporte.
En Leonardo Bravo, 600 personas de la comunidad de Corralitos, y 300 de la Las Palmas, huyeron el 9 de junio a causa de enfrentamientos armados protagonizados por grupos delictivos. Las 900 personas se desplazaron hacia Tlacotepec y Chichihualco. En este caso se registró un retorno parcial de 16 familias que regresaron a la comunidad de Corralitos en el mes de octubre.
El 5 de enero, en Apaxtla, salieron de manera forzada 900 personas de la comunidad de San Felipe del Ocote, debido a la violencia generada por grupos armados. Los desplazados se refugiaron en la cabecera municipal, y no se ha reportado su regreso.
“El 5 de enero de 2018, más de 900 habitantes de San Felipe del Ocote se vieron obligados a huir como consecuencia de un ataque perpetrado por una célula de la familia michoacana. Desde hace más de 10 años, los pobladores de San Felipe eran obligados a proveer de alimento, agua y hospedaje a presuntos integrantes de la familia michoacana (…) El ataque fue un acto de represalia. Los vecinos de esta localidad habían defendido al operador de una máquina que estaba emparejando la carretera de terracería que lleva a San Felipe. La intención del grupo delictivo era secuestrarlo y pedir dinero para liberarlo”, se lee en el informe.
También en Apaxtla, pero en la comunidad de San Pedro de los Limones, aproximadamente 86 personas abandonaron sus casas el 12 de enero debido a constantes hechos de violencia generados por grupos delictivos, por lo que se refugiaron en la cabecera municipal.
El 20 de marzo, en las localidades de San Bartolo y Laguna de Hueyanalco, en San Miguel Totolapan, 100 personas huyeron y se refugiaron en el municipio de Tecpan. Estas familias abandonaron sus hogares por temor a morir en enfrentamientos armados protagonizados por grupos delictivos.
En las localidades de Los Horcones y Las Mesas de Cerro Azul, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, se registró el desplazamiento de 306 personas, quienes huyeron al municipio de Tecpan. De estos hechos se reportó que las familias decidieron abandonar sus casas tras la irrupción de un grupo armado, el cual sacó a las familias de sus viviendas, las incendió, y robó ganado.
Otras 132 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala, huyeron de su localidad el 6 de noviembre. Abandonaron sus hogares por la violencia que generaban grupos armados en la región. Todas las personas se refugiaron en el municipio de Copalillo. Estas víctimas tampoco han regresado a sus casas.
En otro hecho ocurrido entre el 5 y el 9 de septiembre en la comunidad de Carrizal, de Leonardo Bravo, alrededor de 225 personas se desplazaron a Chilpancingo, Chichihualco y Cuernavaca debido a hechos de violencia provocados por grupos armados.
Las comunidades de El Zapotillal y Las Canalejas, en el municipio de Petatlán, registró otro de los desplazamientos masivos en Guerrero. El 4 de octubre abandonaron sus casas 112 personas de ambas comunidades debido a amenazas de un grupo de sicarios que trabaja para la familia michoacana. Las víctimas se refugiaron en localidades de la región Costa Grande.
En el municipio de La Unión se registró el desplazamiento de 41 personas que huyeron a Tijuana, baja California.
“Se reportó que entre el 19 y el 21 de enero del 2018 tuvo lugar una persecución en La Unión y Buenavista Tomatlán (perteneciente a Michoacán) donde grupos armados-presuntamente pertenecientes al cártel de los viagras-motivaron el desplazamiento forzado de al menos 82 personas”, señala el reporte.
Para el caso estimaron 41 personas de cada localidad.
En otro hecho, el informe señala que 15 familias originarias de Guerrero y Michoacán huyeron hacia Tijuana, debido a las amenazas del crimen organizado, con la esperanza de encontrar asilo en Estados Unidos para ponerse a salvo de la violencia criminal. Se reportó que las familias desplazadas llegaron a Tijuana durante la primera semana de marzo.
